«Fue una típica audiencia de conocimiento, donde Báez se quejó por su detención, dijo ser inocente y sólo aludió a la falta de imparcialidad en la causa. No tuvo nada que ver con las expectativas generadas», explicaron a Télam dos fuentes judiciales que presenciaron la entrevista.
Poco antes, los abogados de su hijo Leandro cuestionaron nuevamente al juez Casanello por no investigar a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus funcionarios y volvieron a insistir en que debe ser apartado del caso, en un escrito presentado también en la Cámara Federal.
Todo ocurrió en el segundo piso de los tribunales federales de Retiro, sede de la sala II de ese Tribunal de Apelaciones y en medio de expectativas generadas tanto por lo que se había anticipado en distinos medios de prensa que diría Lázaro Báez como por el contenido del escrito de los abogados de su hijo, Santiago Viola y Claudia Balbín.
«Yo estoy bien, pero no sé por qué estoy detenido», dijo Báez a los jueces en la audiencia personal a la que asistieron Martin Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah y dos de sus secretarios.
Báez sólo se refirió a su situación personal y procesal tras quedar acusado por «lavado de activos», aludió a la distancia con su familia a dos meses de su detención el 5 de abril pasado pero no aportó nueva información ni pruebas al caso.
El empresario había sido trasladado desde la cárcel de Ezeiza y llegó a Comodoro Py 2002 a las 7.15. Recién a las 11, esposado y con fuerte custodia, fue subido a la sala de audiencias del Tribunal.
Una vez allí, los camaristas dejaron constancia que la audiencia había sido pedida por Báez, que era privada por decisión del detenido y que sus abogados, Rafael Sal Lari y Daniel Rubinovich permanecerían afuera, en el pasillo, por voluntad propia.
Báez inició un monólogo que se extendió por 20 minutos y que terminó con la única pregunta que le hicieron los jueces, relativa a su salud y condiciones de detención en Ezeiza.
El procesado por «lavado de activos» dijo ser inocente, afirmó que su empresa Austral Construcciones cotizó para participar de la obra pública al igual que otras «importantes» empresas del rubro y negó haber recibido sobreprecios.
Sobre el juez del caso, Sebastián Casanello, consideró que a su entender la causa «no es llevada con imparcialidad» y advirtió que el magistrado no ordenó muchas de la pruebas pedidas por su defensa.
Pero no hizo referencia a algún vínculo del juez con la ex presidenta Cristina Kirchner ni a un supuesto pago ilegal hecho al magistrado, como había trascendido en la prensa, y tampoco anticipó a los camaristas tener la intención de aportar nuevas pruebas o información.
Báez dijo que en la cárcel de Ezeiza está bien atendido, que a veces faltan «algunos insumos» pero que se encuentra bien, según las fuentes.
Al término de la audiencia, otro de sus hijos, Martín Báez, intentó visitarlo en la alcaidía de Comodoro Py pero no fue autorizado ni por el Servicio Penitenciario ni por el juzgado que lleva la causa.
Martín Báez está procesado en la causa al igual que su padre, pero sin prisión preventiva.
Paralelamente, en el escrito entregado por los abogados de Leandro Báez se insistió con apartar a Casanello en base a información anónima llegada al estudio jurídico, a publicaciones periodísticas y a una imputación contra el juez por supuesto «encubrimiento» en otra causa que aún se investiga.
«Ha hecho lo posible para frustrar la presente investigación y ha direccionado la misma al solo efecto de evitar incluir funcionarios de la administración de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y a la misma ex mandataria y, al mismo tiempo, perjudicar únicamente a la familia Báez», se advirtió en el escrito.
Los abogados recordaron que Casanello está imputado y es investigado en una causa penal por supuesto encubrimiento abierta en 2013 y a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por haber presuntamente demorado medidas de prueba en la causa Báez.
El juez «direcciona la investigación para no comprometer sus intereses (sean estos personales, políticos o de cualquier índole)», se sostuvo.
«La imputación en la causa que investiga a Casanello es clara y concisa» y que esté imputado por su desempeño es «motivo para apartarlo» dado que -argumentaron los abogados- el magistrado «lleva el peso de esta imputación en cada acto procesal que realiza».
También mencionaron una carta del detenido abogado de Báez, Jorge Chueco, en la que aludía a cobros por parte de Casanello y cuya copia está en otra causa, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría.
En esta causa, abierta a raíz del hallazgo de la carta, Chueco declaró ante Servini y desmintió el contenido, luego de lo cual la pesquisa se cerró, explicaron fuentes de ese juzgado.
En cuanto a la supuesta presencia del juez en Olivos, la defensa de Leandro Báez se remitió a información «anónima» llegada a su estudio jurídico que daba cuenta de que el 6 de agosto de 2015 el celular de Casanello se activó en una celda que abarca la quinta de Olivos.
De acuerdo a esa información, sobre la que los mismos letrados advirtieron que se «desconoce su procedencia y veracidad», una hora más tarde ese mismo día, el teléfono móvil de Lázaro Báez se activó en la misma celda.
Tras haber recibido el escrito y escuchado a Lázaro Báez en la audiencia de conocimiento personal, los camaristas quedaron en condiciones de resolver por un lado si confirman o no a Casanello en la causa y si validan los procesamientos dictados por el magistrado.
