El planteo fue formulado en un dictamen del fiscal federal Federico Delgado en la causa abierta a raíz de la difusión de la investigación conocida como Panamá Papers, y deberá ser resuelto por el juez del caso, Sebastián Casanello.
«No sumamos sociedades ni fuimos de pesca”, rechazó la fiscalía en el dictamen al que accedió Télam, al recordar que sólo se intenta determinar la “vida social” de las dos firmas offshore Fled Trading ltd, en Bahamas, y Kagemusha en Panamá.
Esta crítica fue hecha por la defensa de Macri en un escrito presentado a Casanello, en la cual se advirtió sobre la amplitud que tomaba la investigación.
Delgado advirtió que «en el complicadísimo camino de chequear» los aspectos de la investigación vinculados a las offshore se depende «exclusivamente, por la voluntad de los gobiernos requeridos y por la habilidad diplomática de los Estados requirentes» a los cuales se enviaron exhortos.
«En ese recorrido entonces, fueron apareciendo múltiples sociedades relacionadas con ‘Fleg’. Esto quiere decir que no sumamos sociedades, ni fuimos de pesca: la inspección de la vida social de ‘Fleg’ y ‘Kagemusha’ nos llevó a otras personas jurídicas, pero nunca nos corrimos de lo que dijimos: determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal», advirtió el fiscal.
Y adjuntó cuadros hechos en la fiscalía con los vínculos entre estas sociedades y otras que fueron surgiendo en la pesquisa.
Delgado pidió que la comparación de las declaraciones juradas sea realizada por sociólogos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
«Hay que convocar a expertos que realicen un informe comparativo de las declaraciones juradas, sorteando los problemas metodológicos derivados de las diferencias estructurales que hay entre el sistema local y el federal», consideró Delgado en alusión a las presentadas cuando Macri era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a las actuales como Presidente.
Y de manera posterior a este estudio se podría, opinó, «ingresar en la otra discusión que propone el denunciante. Esto es, la que tiene que ver con valuaciones de inmuebles, porcentaje y valor de acciones, bienes en el exterior; es decir, con el contenido de los formularios».
El diputado nacional que presentó la denuncia, Darío Martínez (Frente para la Victoria), pidió ampliar la investigación en base a los datos de las declaraciones juradas, algo que Delgado todavía no resolvió y por eso pidió estas nuevas medidas tendientes a detectar contradicciones o falsedades.
En relación a las supuestas «contradicciones» señaladas por el denunciante, Delgado consideró que hay que evaluar «si esas contradicciones son falsas o meros errores o si están ancladas en la dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal, como señaló el propio Macri ante la Oficina Anticorrupción».
