Los condenados por la Justicia que permanecen prófugos suman más de 25.000.
La cifra fue revelada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y por el secretario del área, Eugenio Burzaco, ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior del Congreso, que preside Sergio Massa. Fue allí donde la jefa de la cartera afirmó que, si se incluye a quienes están imputados pero sin condena y a aquellos fuera de la ley por “cuestiones técnicas” (no pagar juicios por alimentos, no presentarse en los tribunales ante una citación como testigos, y otras situación de “rebeldía”), el total de personas con pedido de captura que aún siguen libres asciende a 105.000 (según cifras tomadas hasta diciembre del año pasado).
En la misma reunión, Bullrich detalló que, de los 25.000 condenados prófugos, 6.000 recibieron sentencias por delitos federales (narcotráfico, secuestros, corrupción de funcionarios públicos, delitos de lesa humanidad, trata de personas, entre otros). De este total, de acuerdo a los datos suministrados por fuentes oficiales, apenas tres son presos escapados de un penal. El resto, en su mayoría, son detenidos que no volvieron a la cárcel luego de obtener algún beneficio.
“El problema de los prófugos es que nadie los busca. Muchos de ellos lograron irse del país aprovechando que las fronteras son un colador y otros viven tranquilos en el interior de la Argentina o en territorio bonaerense, con otra identidad sabiendo, que nadie los va a detener”, explicó un alto funcionario a Clarín.
Según las fuentes consultadas para esta nota, la Policía no busca a los prófugos porque nadie se los exige puntualmente ni controla que lo haga. “Tipos peligrosos que mataron, violaron o traficaron y fueron condenados a penas de hasta 30 años de prisión terminan beneficiados por jueces benévolos: los envían a cárceles de mínima seguridad o les dan salidas transitorias y se terminan escapando o no volviendo nunca al penal”, resaltaron los voceros.
De acuerdo a distintas fuentes, ante una fuga los jueces mandan oficios y los policías se limitan a clavarlos en un pizarrón. “Ahora, cuando el caso se hace mediático o el juez sigue mucho la causa, todos los salen a buscar para tener sus 15 minutos de fama”, confiaron las fuentes. Y recordaron los recursos y las presionen que hubo a la hora de buscar y recapturar a tres de los condenados por la causa de la ruta de la efedrina: los hermanos Cristian y Marin Lanatta, y Victor Schillaci.
El problema de los prófugos comenzó a ser encarado con más profundidad luego de aquella fuga, concretada desde el penal de máxima seguridad de General Alvear entre la Navidad y el Año Nuevo pasados. En enero se anunció la creación de una agencia federal de búsqueda de prófugos.
Recién en abril la idea de hacer algo comenzó a tomar forma. Bullrich firmó una resolución creando el Comando Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), organismo que una vez en funcionamiento pleno quedará bajo el mando de la subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial (a cargo de Darío Oroquieta), dependiente de Eugenio Burzaco.
El CUFRE estará conformado por cuatro mesas de coordinación integrada. A su vez, cada una de ellas estará integrada por dos representantes de cada una las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria), bajo el mando de un secretario operativo.
Aunque no está contemplado específicamente en el proyecto de trabajo, también se está contemplando la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del cual depende un área clave como el Servicio Penitenciario Federal. Así, eventualmente, el SPF también podrá designar un miembro en el Comando.
“El CUFRE deberá coordinar las acciones necesarias para la recaptura de evadidos. Su alcance no abarcará soló a presos fugados de las cárceles federales, sino también de las de todo el país, iniciando una coordinación de la búsqueda con agencias extranjeras”, explicaron fuentes oficiales.
Además, como una manera de cotejar al información e interrelacionar las diferentes pistas, la resolución firmada por Bullrich contempla la creación de un banco de datos unificado con información de todos los evadidos del país para facilitar la búsqueda. Se trata de una herramienta que, insólitamente, aún no existe.
