El ministro de Obras Públicas, Julio Bargero, fue a la Cámara de Diputados, donde explicó las razones de la rescisión del contrato con la empresa que construía el nuevo hospital de Santa Rosa. Señaló que el gobernador pidió que se abra la licitación para fines de octubre.
“Personalmente tenía la obligación de rescindir…ellos se estaban yendo, en diciembre tenían 150 empleados, luego 30 menos y en mayo eran sólo 6 o 7 los que quedaban, no podía hacer otra cosa”, reveló el ministro Julio Bargero ante los diputados integrantes de la comisión de obras públicas que lo habían citado para que diera detalles de la rescisión del contrato con la empresa que construía el nuevo hospital de Santa Rosa.
Junto a sus colaboradores Alejandro Gigena y Juan Carlos Guzmán, el ministro aseguró ante los legisladores que “si hubiéramos renegociado con la empresa, la terminación de la obra nos llevaría más tiempo”.
Es que el plazo en que el gobierno provincial tiene previsto terminar la obra es de “aproximadamente la mitad del plazo establecido en el pliego original, ya que hasta el momento de la paralización de la obra, ésta llevaba un 46% de avance. Por lo que si estaban establecidos 700 días corridos para su ejecución, ahora serán 350 más o menos, porque hay que determinar bien qué es lo que falta hacer”.
Bargero adelantó que “estamos tratando de llegar a abrir la licitación para fines de octubre, como nos lo pidió el gobernador, pero si no, será en noviembre y lo normal, entonces, sería que en enero o febrero ya la empresa adjudicataria de la obra comience sus actividades ya con el contrato firmado”.
Una multa por mes
“Desde enero hasta mayo –reveló Bargero- se le hicieron llegar a la empresa 5 órdenes de servicio para que readecúe su plan de trabajo conforme a la curva que debería seguir y ya en la última orden, se le apercibió que adecuara o se le rescindía, hubo intimaciones y multas, como ocurre siempre que una empresa no cumple”.
Y esas multas a partir de incumplimientos no sólo fueron este año, “ya en el 2015 tuvieron que afrontar no menos de siete multas, incluso después de habérseles otorgado una ampliación de plazos, después de que lo pidieran”, dijo el ministro.
El diputado Ariel Rauschemberger, ministro coordinador en la gestión en que UTE ganó la licitación y comenzó las obras, agregó un dato contundente: “uno de los empresarios, en declaraciones periodísticas dijo que se podía renegociar una vez más para ampliar plazos por más que fuera en contra de lo que establecía el pliego, porque el pliego es meramente enunciativo, si eso es lo que entiende por un pliego licitatorio, no había nada más que esperar”.
Modificación de montos
Una vez agotado el tema hospital, el diputado Roberto Robledo, presidente de la comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria y Obras Públicas, les propuso a los legisladores de esa comisión que aprovecharan la visita del ministro para abordar otro tema, un proyecto de ley que ingresará en la sesión del jueves y que modificaría los montos máximos que el gobierno puede disponer para contratación directa, concurso de precios y licitaciones, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 3809 de Obras Públicas.
Los funcionarios del Poder Ejecutivo revelaron entonces que “hoy una contratación directa tiene un tope máximo de $ 100 mil, fijada por la última modificatoria de montos, acordada en julio de 2007”.
Dijeron que eso les obliga, al ser éstas naturalmente de un costo superior a ese límite, ante la mayoría de las obras que tuvieran que realizar, “tener que transitar por un proceso administrativo de no menos de cuatro meses para poder concretarla, e incluso un par de meses más si en una licitación hubiera alguna impugnación”.
Como para salvar las emergencias, revelaron que se ajustan a los índices de la construcción o de las viviendas FoNaVi, pero advirtieron de la necesidad de contar con la adecuación demandada.
