Permite a cualquier persona solicitar y recibir del estado información completa, adecuada, oportuna y veraz. La nueva legislación también establece la creación de una agencia de información pública.
La Ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.
El oficialista Cambiemos logró de esta manera incorporar al temario el debate del proyecto sobre tablas, ya que no contaba aún dictamen de comisión y necesitaba una mayoría especial para incluirlo en la sesión.
Tras convertirse en comisión, el plenario aprobó por 182 votos y 16 en contra el dictamen original de la Cámara baja y rechazó los cambios incorporados por el Senado en la última sesión del cuerpo.
Entre otras cuestiones, y a instancias principalmente del Frente para la Victoria, el Senado había propuesto que el director de la autoridad de aplicación requiera acuerdo del Senado y eliminó además el artículo que exigía a dicho funcionario no haber ocupado electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación.
Al fundamentar la decisión del oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, puso de relieve que “luego de consultas hemos llegado a la conclusión que es conveniente que la Cámara insista en la sanción originaria de este cuerpo”.
Según el proyecto de Acceso a la Información Pública impulsado por el Poder Ejecutivo, cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz; pronta respuesta y que el Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.
Al destacar la importancia de la sanción del proyecto, la diputada Karina Banfi (UCR), que integró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su guía de implementación para la OEA, puso de relieve que a partir de ahora “por ejemplo el Poder Judicial va a tener que difundir sus declaraciones juradas”.
Tras sostener que se trata de “una ley para los funcionarios más que para los ciudadanos”, Banfi destacó que el objetivo de la norma apunta a «conocer cómo el Estado administra el dinero de los argentinos».
Se trata de una deuda del Congreso y un reclamo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que fue tratado varias veces en ambas cámaras pero que nunca logró suficiente consenso como para llegar al recinto.
Al anunciar el envío al Congreso del proyecto, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia del proyecto para lograr la transparencia en organismos públicos y aseguró que la ley “va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en 15 días, sino podrá ser sancionado».
Entre otras cuestiones, la ley establece que en caso de no recibir contestación en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.
La Ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.
A través del proyecto se crea una Agencia de Información Pública ante la cual cualquier persona tendrá el derecho a solicitar y a recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.
La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.
