La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló su procesamiento como jefa de una asociación ilícita, la prohibición de salir del país y el multimillonario embargo dictado en su contra en la causa Los Sauces por el juez federal Claudio Bonadio, a cuyo accionar calificó de «desconcertante» e «ilegítimo».
La apelación está contenida en un escrito que la ex jefa de Estado presentó ante la Cámara Federal porteña.
El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, presentó la apelación poco después del mediodía mientras que la de los hijos de la ex mandataria también procesados, Máximo y Florencia, será entregada el lunes próximo en el juzgado de Bonadio en los tribunales federales de Retiro, explicaron a Télam fuentes judiciales.
En el escrito se calificó como «desconcertante» e «ilegítimo» el accionar del magistrado, quien dictó 21 procesamientos y luego se declaró incompetente en la causa y la envió a su colega Julián Ercolini, a cargo del caso «Hotesur».
«Resultaba claro que no era competente para entender en la causa», se advirtió en la apelación que será analizada por los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler.
Freiler está citado para el próximo 18 de abril en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para hacer su descargo en una acusación por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de lo cual podría ser suspendido.
En su apelación, la ex presidenta advirtió que llegará con sus apelaciones hasta tribunales internacionales ante la «inusitada gravedad del caso».
«En los últimos tiempos la necesidad de dictar resoluciones ‘judiciales’ direccionadas a ocasionar estrépito en la opinión pública hizo que, lisa y llanamente, se quebraran sin pudor las más elementales reglas de garantía que establecen la Constitución Nacional», cuestionó.
Ante esto, «se ha tornado popular la idea de calificar a cualquier conducta en la que puedan intervenir un número igual o mayor a tres personas de cierta relevancia pública como constitutiva del delito de asociación ilícita e incluso, para ser aún más peyorativo, recurrirse al segundo elemento normativo que prevé el tipo penal en cuestión, hablándose directamente de la existencia de una ‘banda'».
«Así ocurre en el caso», agregó el abogado en el escrito, en el que le endilgó al juez Bonadío haber realizado una «asignación de roles totalmente antojadiza y arbitraria» como parte de una asociación ilícita a la ex mandataria y a sus hijos, lo que -indicó- «no se condice con ningún tipo de razonamiento lógico, fáctico ni jurídico».
«De hecho, en línea con los desvaríos que se vienen señalando, casi la mitad de los 21 partícipes de la asociación serían sus jefes u organizadores», acotó la ex mandataria en su apelación.
Además, dedicó un tramo de la apelación a referirse a la situación de su hija Florencia, procesada por primera vez al igual que su hermano, el diputado nacional Máximo Kirchner, en una causa penal por corrupción.
«Merece una especial mención el caso de Florencia Kirchner, quien en mayo del año 2003 tan sólo contaba con 12 años de edad y recién había alcanzado los 16 años cuando Los Sauces S.A. fue constituida», dijo.
Pero, advirtió, «lo que resulta aún más increíble es que se le asigne el rol de jefa de la asociación por la mera aplicación de las reglas del derecho sucesorio y la aceptación de una herencia sin beneficio de inventario: los presuntos delitos cometidos por sus padres, a criterio de V.S. habrían sido heredados».
«Todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces S.A. se encuentran declarados ante los organismos de contralor pertinentes según la normativa contable vigente, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia. el origen lícito de los fondos con los que se adquirieron todas esas propiedades también se encuentra acreditado en la causa», agregó.
En tanto, en alusión al embargo de 130 millones de pesos ordenado en su contra, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que «se trata de otra medida sólo direccionada a causar impacto en la opinión pública».
«Tanto mi defendida como su familia tienen todo su patrimonio embargado mediante un conjunto de decisiones judiciales prolijamente coordinadas y compatibilizadas con las que en forma directa adoptó el Poder Ejecutivo Nacional» , concluyó el abogado defensor.
La ex presidenta, sus hijos y los demás acusados fueron procesados el martes último por asociación ilícita y lavado de activos en esa causa que investiga el alquiler de propiedades de su familia a través de la sociedad «Los Sauces» a empresarios beneficiados con obra pública en el kirchnerismo.
