El intendente de Lonquimay Luis Rogers fue sentado en el banquillo de los acusados junto al exsubcomisario Carlos Alaniz, acusados de realizar un “blindaje” para el sostenimiento del prostíbulo “Good Night”, dedicado a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Comenzó hoy el primer juicio contra un intendente y un subcomisario involucrados en un caso de trata de personas. Fueron acusados de proteger y permitir el funcionamiento de un prostíbulo. Es el primer juicio que tiene a un político acusado por el delito de trata de personas con fines sexuales.
Los otros imputados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados son: Eduardo Mauricio Fernández, acusado de ser el dueño del local nocturno; Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Saxs, quienes se habrían desempeñado como encargados.
El juicio comenzó pasadas las 8:45 y el jefe comunal se negaría a declarar. Se presentó junto a su abogado Sebastián Pais Rojo. Está previsto que el proceso continúe mañana y las semana próxima. Marcos Aguerrido preside el Tribunal Oral Federal encargado de dilucidar el caso. En esta primera jornada se presentan 2 testigos y mañana otros 15.
Para el próximo miércoles se espera el testimonio de una de las mujeres víctimas de explotación sexual, claves para que se llegue a esta instancia. Luis Rogers es el primer intendente enjuiciado por explotación sexual.
El debate de este lunes. Al momento de ser llamados a declarar, Carlos y Eduardo Fernández se negaron a hacerlo pero Eduardo lo hará en otro momento del juicio.
Por su parte, Martín Sax negó las acusaciones y dijo que “era un pendejo pelotudo que quería ser popular”.
Como se preveía, el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, se negó a declarar: “le agradezco señor juez”, dijo al negar la oportunidad de dar su versión de los hechos.
En cambio, el exsubcomisario Carlos Alaniz se quitó responsabilidad al decir que “soy inocente, cuando llegué a Macachín el cabaret ya estaba funcionando”
Luego aseguró que “ninguna mujer se encontraba en el cabaret contra su voluntad” y aclaró que “ningún policía habilita las libretas sanitarias. Lo único que hacíamos era controlar la fecha de vencimiento de las libretas sanitarias”.
Alaniz aseveró que “no había trata, sí prostitución” a lo que el juez Mario Aguerrido le preguntó: ¿qué funcionaba en Good Night? y el exuniformado intentó retractarse: “no había certeza que se ejercía…” la prostitución.
El caso. La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alaníz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.
El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido en la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia era retenida por el dueño del cabaret “Good Night”. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.
La mujer logró salir del lugar y dijo en una presentación espontánea ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. En declaraciones ante la Fiscalía Federal de Jujuy refirió que aun estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que “no le importaba, que ella tenía que hacer plata”.
El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.
Como consecuencia de las denuncias, el 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el “Good Night” en el que se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las “copas” y los “pases” que realizaban.
A partir de la declaración de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo obligándolas a entregar el 50% del dinero.
Otro testimonio en la causa fue el de Neli Haydeé Penzotti, quien se desempeñaba como viceintendenta de Lonquimay en el año 2009. La mujer declaró que Fernández concurrió a una sesión del Concejo Deliberante en cuyo transcurso debía decidirse la renovación de la habilitación, sin que hubiera solicitado estar presente previamente, como correspondía. En la esa ocasión dicha persona hizo uso de la palabra y defendió la existencia del llamado cabaret.
Por todas las pruebas reunidas y luego de los reiterados pedidos, el 7 de mayo fueron procesados Carlos Fernández, acusado de ser el dueño del prostíbulo y otros dos hombres, uno de ellos hermano de Fernández, señalados como encargados del local nocturno.
Finalmente, la jueza Iara Silvestre ordenó el llamado a indagatoria del intendente y el subcomisario para el 7 y 8 de noviembre del 2015.
“Es un lugar de contención”. Así definió el Intendente de Lonquimay al local nocturno Good Night en declaración a los medios. Explicó Rogers: “el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”. El intendente dijo que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, aun contando con oportunas denuncias del INADI, y de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
FOTO: Twiter Mauro Monteiro
