La empresa Progreso SA (CIPSA) pretende pagar en cuotas y solo la mitad de las indemnizaciones de los últimos trabajadores que le quedan. Juan Barrionuevo, el actual intendente, es uno de los despedidos. El año pasado habían echado a otros 9 trabajadores.
La empresa aduce problemas climáticos para levantar la cosecha como principal causa del cierre y pretende no pagar las indemnizaciones en tiempo y forma de los últimos 14 trabajadores que todavía permanecen cumpliendo con sus tareas en la planta. Además se quedarán sin trabajo el intendente vernista, Juan Barrionuevo y su hermano, de licencia por ocupar cargos electivos.
Fundada en 1.938, la Compañía Industrial Progreso SA (CIPSA), tiene a su cargo el salitral “Don Tomas y Don Juan” sobre la ruta nacional 154, mientras que la planta de procesamiento y embozado de la sal esta sobre la ruta nacional 22, en el km 856 y las oficinas administrativas se encuentran en Buenos Aires.
El portal “Noti Río” informó que los trabajadores rechazan la medida arbitraria de la patronal y demandan el pago de las indemnizaciones en una sola vez y por el 100%, como lo establece la legislación laboral vigente.
“Con mi edad seguro que no podré conseguir otro trabajo. Trabaje 38 años para la empresa, toda una vida y ahora que me quedo sin nada, me quieren pagar la mitad y en doce cheques. Una locura”, comentó uno de los operarios.
Por su parte Rodrigo Rodríguez, delegado de la Unión Obrera Salinera (UOSA), añadió que “Nosotros reclamamos lo que nos corresponde, que nos manden los telegrama de despidos y que paguen lo que corresponde por ley. Vamos a seguir viniendo a trabajar hasta que nos despidan. Nos mantendremos firmes en las decisiones”.
Además de las 14 personas en su mayoría sostén de familia que hace días están en los portones de la empresa, también serán desvinculados de la firma al actual intendente Juan Barrionuevo y su hermano quienes son empleados de CIPSA y se encuentran con licencias sin goce de sueldo hace 10 años cuando se convirtieron en funcionarios público.
En julio de 2016, tras varios días de conflicto, la salinera despidió a 9 trabajadores, el 40% del total, que se desempeñaban en galpones de La Adela.
