El intendente de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado este mediodía a la pena de 5 años de prisión efectiva por ser partícipe necesario en los casos de explotación sexual de mujeres en el cabaret “Good Night”, que explotaban los hermanos Fernández y que había habilitado la municipalidad de la localidad pampeana.
Junto a Rogers fueron condenados el comisario Carlos Alanis y el propietario Carlos Javier Fernández. El policía fue considerado partícipe necesario y Fernández como el que cometió el delito de explotación sexual.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Oral Federal estableció la inhabilitacón absoluta para el ejercicio de cargos públicos a los tres, Rogers, Alanis y Fernández.
Este mediodía solo se dio a conocer la parte resolutiva del histórico fallo en el que un dirigente marinista puede ir a prisión si la sentencia queda firme pro explotación sexual. El fallo fue unánime y no hizo lugar a los pedidos de nulidad.
Carlos Javier Fernández fue condenado a la pena de 5 años de prisión y multa de 50 mil pesos, además de inhabilitación absoluta.
Luis Rogers fue considerado partícipe necesario y le dieron una pena de 5 años de prisión y multa de 50 mil pesos, más inhabilitación absoluta.
Carlos Alanís fue condenado también como partícipe necesario y se le dio la misma pena.
El hermano de Carlos, dueño de “Good Night”, Mauricio Fernández fue considerado partícipe secundario. Le dieron 2 años de prisión en suspenso. La misma pena le correspondió a Brian Saxs, partícipe secundario.
El Tribunal Oral Federal anunció que el miércoles 5 de julio se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
El cabaré fue habilitado en 2001 como salón de baile. Pero en 2009, después de dos denuncias, hubo un allanamiento policial y se inició una causa por explotación sexual. Rogers salió en ese momento a defender la actividad del cabaré porque el lugar ofrecía “contención” a camioneros y jóvenes.
Sin embargo, la investigación judicial, después de idas y vueltas, derivó en un procesamiento por trata de personas, a las que se explotaba sexualmente, con la colaboración del jefe policial y el jefe comunal, que garantizaban la habilitación y otorgaban libretas sanitarias a las “coperas”.
El caso, según cómo lo presentó el sitio fisclaes.gob.ar
La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alaníz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.
El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido en la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia era retenida por el dueño del cabaret “Good Night”. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.
La mujer logró salir del lugar y dijo en una presentación espontánea ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. En declaraciones ante la Fiscalía Federal de Jujuy refirió que aun estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que “no le importaba, que ella tenía que hacer plata”.
El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.
Como consecuencia de las denuncias, el 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el “Good Night” en el que se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las “copas” y los “pases” que realizaban.
A partir de la declaración de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo obligándolas a entregar el 50% del dinero.
Otro testimonio en la causa fue el de Neli Haydeé Penzotti, quien se desempeñaba como viceintendenta de Lonquimay en el año 2009. La mujer declaró que Fernández concurrió a una sesión del Concejo Deliberante en cuyo transcurso debía decidirse la renovación de la habilitación, sin que hubiera solicitado estar presente previamente, como correspondía. En la esa ocasión dicha persona hizo uso de la palabra y defendió la existencia del llamado cabaret.
Por todas las pruebas reunidas y luego de los reiterados pedidos, el 7 de mayo fueron procesados Carlos Fernández, acusado de ser el dueño del prostíbulo y otros dos hombres, uno de ellos hermano de Fernández, señalados como encargados del local nocturno.
Finalmente, la jueza Iara Silvestre ordenó el llamado a indagatoria del intendente y el subcomisario para el 7 y 8 de noviembre del 2015.
“Es un lugar de contención”
Así definió el Intendente de Lonquimay al local nocturno Good Night en declaración a los medios. Explicó Rogers: “el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”. El intendente dijo que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, aun contando con oportunas denuncias del INADI, y de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
