El juicio, conocido como Sub Zona 14 II, juzga 234 delitos ocurridos entre 1975 y 1983 y contará con 18 imputados, de los cuales estarán presentes 15. Se escucharán unos 300 testimonios y se calcula que el proceso judicial dure por lo menos un año.
Este martes desde las 8,30 horas comienza el segundo juicio contra los represores pampeanos, que contará con la presencia de 15 imputados, en la sede del Colegio de Abogados.
El juicio, conocido como Sub Zona 14 II, juzga 234 delitos ocurridos entre 1976 y 1983 y contará con 18 imputados, de los cuales estarán presentes 15. Se escucharán unos 300 testimonios y se calcula que el proceso judicial dure por lo menos un año.
El cronograma de Audiencias es para los días martes, miércoles y jueves, semana de por medio.
El Tribunal, compuesto a partir del 2012, está conformado por el doctor Marcos Aguerrido, Pablo Díaz Lacava y José Tripputi. Alejandro Adrián Silva será el cuarto juez, suplente.
La Fiscalía, en tanto, será representada por el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro.
El juicio es un segundo tramo del conocido como Sub Zona 14 I. Se elevó en dos tandas distintas, que juzgan similares hechos ocurridos en el Golpe de Estado que acaeció en Argentina de 1976 a 1983. Entonces es como una segunda etapa, que investigan nuevos hechos ocurridos en esa época, distintos a los que fueron investigados y que llevaron a unas condenas, que fueron confirmadas por la Corte en el año 2010.
En febrero se desarrolló en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa la audiencia preliminar del juicio a 18 represores contra 240 víctimas.
Los defensores de los represores son Hernan Guillermo Vidal, Pedro Mercado, Gastón Gomez, Mario Pérez Flores y Gerardo Ibañez Carlos riera, Laura Armagno, Luciano Rodriguez
Hay tres acusados que quedaron fuera del juicio por razones de salud. Se trata del ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); y de los expolicías, Omar Aguilera (79, exjefe de Operaciones) y el exoficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Arauz, Miguel Gauna (80).
Quienes sí se sentarán en el banquillo de los acusados son Néstor Omar Greppi (74); el ex mayor del Ejército y ex jefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los ex miembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona; Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los ex oficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), y el ex agente Orlando Osmar Pérez (68); los ex oficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el ex oficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Aráuz, Miguel Gauna (80); el ex oficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el ex oficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez (71).
E comando de la Subzona 14 estaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de la localidad pampeana de Toay. Al describir en el requerimiento de elevación a juicio los crímenes del terrorismo de Estado en esa jurisdicción, el fiscal federal de Santa Rosa, Juan José Baric, señaló que “presentan como nota común tratarse de detenciones ilegales perpetradas durante los años 1975 y 1982 en distintas localidades de la provincia de La Pampa”, que fueron “seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas, en distintos centros ilegales de detención de la región”.
El fiscal enumeró los lugares donde se mantuvo cautiva en forma clandestina a las víctimas: las comisaría Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Santa Rosa; la Delegación Local de la Policía Federal Argentina en esa capital; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 del Ejército y las unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal.
“De las decenas de testimonios obtenidos respecto de los hechos que damnificaron a las víctimas aquí identificadas, el principal centro clandestino de detención de la Subzona 14 resultó ser la Comisaría Seccional Primera de la Policía de la Provincia de La Pampa”, reseñó, y agregó que en la planta alta de ese edificio funcionaba la Unidad Regional I, donde “también el grupo policial de tareas de la Subzona 14 interrogaba y torturaba a los hombres y mujeres detenidos a disposición del Comando de la Subzona 14, quienes se encontraban alojados en la planta baja (Seccional Primera) o en otros centros de detención tales como otras dependencias policiales o las unidades carcelarias del S.P.F. N° 4 y 13”.
El “grupo policial” que describió el fiscal fue un cuerpo creado formalmente en 1976, pero con funcionamiento previo, que se integró directamente a la “lucha antisubversiva” bajo el mando militar. El grupo funcionaba al menos desde la subordinación de la Policía provincial al Ejército refrendada en octubre de 1975 por el entonces jefe de la Subzona 14, Ramón Juan Alberto Camps, quien es mayormente recordado por los crímenes que cometió tras el golpe de Estado al mando de la Policía bonaerense. A este juicio llegan varios de los jefes e integrantes de aquél grupo policial.
