Luego de varias idas y vueltas hubo acuerdo entre la CGT y el Gobierno y, aunque aún se está afinando el texto definitivo, hay «consenso» para enviar la semana que viene el proyecto de Reforma Laboral al Congreso.
Sin abrir la puerta a consultas periodísticas, el Ministerio de Trabajo difundió un comunicado en el que indica que «luego del trabajo conjunto que viene llevándose adelante con los distintos sectores se alcanzó el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso para su tratamiento en las próximas semanas».
La crónica da cuenta que los funcionarios entregaron el día de la presentación de Mauricio Macri en el CCK, esto es el lunes 30 de octubre, un borrador con 145 artículos. Este primer texto sorprendió a los sindicalistas porque modificaba partes sustanciales de la Ley de Contrato de Trabajo, «algo que no pensaban discutir porque excedía a lo que se venía hablando». Lo que venían hablando era el blanqueo laboral, la creación de la Agencia de Nacional de Tecnologías de Salud y las prácticas formativas. Sobre estos tres puntos, que abarcan buena parte del articulado, prácticamente no hubo grandes ajustes. Lo resumió un especialista del Gobierno en temas sindicales: «Desde hace años que los sindicatos van a la baja en cantidad de afiliados, ¿qué sindicalista no va a querer un blanqueo para engrosar sus filas?».
Quedaron, entonces en el tintero, los artículos objetados por la CGT que se terminaron de consensuar ayer en una cumbre reservada en la Rural, en el marco de la IV Conferencia contra el Trabajo Infantil. Una alta fuente sindical aseguró a este diario que «todos los puntos que cuestionábamos se resolvieron a favor de los trabajadores». Y acompañó con una definición: «Lo que destacamos es que no hay un cambio sustancial en el derecho laboral colectivo e individual».
Un detalle de esos puntos da cuenta que el «banco de horas» anual que proponía el Gobierno se desarticuló: esto es que se fijaba una cantidad de horas a cubrir anuales y el trabajador iba compensando, lo que eliminaba las horas extras. Otro punto y hablando de horas extras: finalmente las indemnizaciones las incluirán junto al promedio de comisiones. El borrador original del Gobierno contemplaba la eliminación de esos dos puntos pero la CGT alertó que «el grueso de la remuneración de los viajantes de comercio son justamente las comisiones».
Otro punto cuestionado por la Central era el tema que apuntaba a limitar la responsabilidad solidaria. Se mantendrá tal cual funciona hasta el momento: esto es que si una empresa terceriza el transporte con otra, el trabajador puede enjuiciar a la empresa principal. La idea del Gobierno es que no existiera esa solidaridad. Lo que se agregó ahora es que la empresa principal que es la dadora de carga deberá controlar mensualmente a la empresa que contrata a los camiones para que cumpla con el Convenio Colectivo de Trabajo, pague los aportes, seguros y todo lo necesario para que estén en regla.
Otro punto es el ius variandi (como se conoce a la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo). Acá hubo un cambio para desalentar los juicios. Hasta ahora si un empleador le cambiaba la tarea a un trabajador, éste podía sentirse despedido y hacer un juicio sumarísimo que en 20 días podía reponerlo en sus funciones de pleno derecho. Ahora esto se tramitará en la justicia ordinaria y no la laboral, por lo que un juicio puede durar hasta dos años. En la CGT, según números que manejan, llegan a esta instancia «una porción mínima de trabajadores» por lo que minimizaron el impacto negativo que pueda tener.
Finalmente el último punto que despertaba cuestionamientos era la creación de una figura mediante una persona podía contratar hasta cuatro trabajadores sin estar bajo el paraguas de la Ley de Contrato de Trabajo: esta figura desapareció. Y aquel profesional autónomo que trabaje más de 20 horas estará en relación de dependencia, algo que el borrador daba la posibilidad de facturar por sus servicios.
