Hoy comenzó, en el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, el juicio oral y público contra 14 ex policías por el delito de sedición porque, según la acusación del fiscal general, Guillermo Sancho, el 11 de diciembre de 2013 a última hora todos ellos participaron de “una toma violenta y hostil” de la Jefatura de Policía, con el fin de “arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial” una serie de medidas que habían peticionado.
Los imputados son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. A éstos dos últimos, además, se los acusa también de daño y coacción.
Montes y Wiggenhauser no se presentaron y fueron declarados en rebeldía y se pidió sus detenciones antes del inicio de la audiencia. Salvatierra, que estaba debidamente notificado, tampoco acudió y el tribunal lo declaró hoy en rebeldía y requirió su inmediata detención. A su vez el abogado particular de Rojas, Boris Vlasich, anunció que su cliente asistirá recién a partir del viernes.
El hecho central, de acuerdo a la fiscalía, fue la toma de la Jefatura, el edificio contiguo donde funcionaba el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) –allí se atendían las llamadas de emergencia a la línea 101– y la Dirección de Comunicaciones, que funcionaba en el Instituto Policial, sobre la avenida Belgrano.
“Ese accionar violento tuvo como objetivo arrancarle al PEP la concesión de una serie de exigencias que habían sido planteadas en un petitorio” a las autoridades del Ministerio de Gobierno. Esos reclamos incluían el apartamiento del jefe y el subjefe de la fuerza, cuestiones vinculadas a los adicionales y a las situaciones de pasiva y una mejora salarial, indicó Sancho en su alegato de apertura. Ese último punto fue atendido por el gobierno.
El fiscal indicó que “durante la toma, la ciudad de Santa Rosa estuvo absolutamente desprotegida” y agregó que “una de las cosas más graves fue que se obligó a los operadores de la línea 101 a no recibir más llamadas, por lo que la sociedad no tuvo posibilidades de comunicarse por los canales oficiales y quedó echada a su suerte”. Y añadió que ello se produjo en un contexto nacional de protestas similares en otras provincias.
“Hubo violencia y hostigamiento por parte de los autoacuartelados –remarcó–. Acá no vamos a discutir si el reclamo salarial era legítimo o no y tampoco si los policías estaban bien o mal pagos, sino que algunos integrantes de la fuerza cometieron hechos gravísimos que afectaron a instituciones de la República”. Y acotó que en el banquillo “debería haber mas funcionarios sentados, pero no todos los participantes pudieron ser identificados”.
Con respecto a Montes y Rojas, el fiscal general indicó que, con intimidación, fueron a la estación de servicio de Vialidad Provincial y que el primero rompió un portón para ingresar y cargar combustible en un vehículo oficial.
El tribunal que juzga a los ex policías está compuesto por Carlos Besi, como presidente, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín. A excepción de Rojas, todos los imputados están representados por los defensores oficiales Martín García Ongaro y Paula Arrigone.
García Ongaro, en su alegato de apertura, adelantó que pedirá que sean absueltos, ya que adujo que “no hubo desprotección a la comunidad ni trastornos en el servicio de emergencia del 101” e incluso afirmó que “existió cobertura de seguridad” en Santa Rosa y que algunos de los acusados intervino en la prevención de hechos de inseguridad durante esas horas. “Fue una protesta social donde no se cometieron delitos”, remarcó. También dijo que Mora y Daniel López no estaban en la ciudad.
Imputados.
Rolhaiser fue el único de los acusados que no declaró. El resto sí lo hizo, negando que se hayan producido hechos violentos y que hubiera dejado de funcionar la línea de emergencia. Indicaron que solo se trató de una marcha hasta la Casa de Gobierno para entregar el petitorio –donde no fueron atendidos por el ministro de Gobierno, Leonardo Villalva– y luego a la Jefatura para reclamar por mejoras en los sueldos. La mayoría aseguró estar desocupado y/o vivir de changas.
Diego López contó que “nos hizo pensar mucho” un incidente donde, por esa época, un policía había sido acuchillado en el barrio Río Atuel, ya que cobraban 506 pesos por “riesgo profesional”. Dijo que le abrieron la puerta para ingresar al Cecom, que allí habló “afablemente” con el jefe (el comisario Francisco Icuza) y que fue él quien pidió que “no tocaran los equipos”. Incluso aseveró que los cuatro operadores de la línea de emergencia trabajaron sin inconvenientes esa noche y que el recambio de turnos se hizo con normalidad. También que la mejora salarial obtenida fue cobrada por todos los integrantes de la fuerza.
Giménez señaló que “después de la manifestación, volvimos a nuestra casa. ¿Por qué digo nuestra casa? Porque cuando los judiciales protestan lo hacen en la Ciudad Judicial y los trabajadores de la salud en el hospital, y nadie dice que hacen una toma”.
El imputado relató que junto a otro policía (el cabo Luciano Martiní) ingresó a la oficina del comisario Eloy Rodríguez y que éste ni nadie sufrieron algún tipo de violencia. “Estaba muy nervioso. Creo que se sintió culpable de que estuviéramos adentro del edificio cuando estaba a cargo de la Jefatura. Por eso pedimos la ambulancia para que lo atendieran”, aseveró.
Agregó que “los portones de la Jefatura siempre estuvieron abiertos”, que “nadie tenía armas”, que “tengo entendido que el Cecom atendió los llamados” y que “estuvimos charlando, tomando mates, escuchando la radio… fue como una sentada en nuestra casa”.
Daniel López y Gatica contaron poco. El primero que no participó de ninguna reunión, sino que simplemente participó de la manifestación y que observó todo desde la vereda de enfrente de la Jefatura. Y el segundo que tampoco supo de episodios violentos.
Bruno también negó la existencia de hechos de violencia y forcejeos con Rodríguez y afirmó que se atendieron las urgencias en el 101. ¿Usted sabe de una grabación donde se afirma que habían sacado a todos los jefes del Cecom?, le preguntó Sancho. No, respondió el acusado.
Además relató que participó de una reunión con Villalva en la Jefatura a la madrugada y que el ministro impidió filmarla. “Fue en un clima tranquilo, pero casi no nos escuchó. No llegamos a nada y se fue apurado porque estaba muy nervioso”, enfatizó. Agregó que, tras ese encuentro, el diálogo con el gobierno siguió a través del actual subjefe de la fuerza, Héctor Osvaldo Lara, y de la policía Susana Rosane, quienes actuaron como intermediarios.
Mendibe, a su turno, declaró en el mismo sentido que el resto. Indicó que “no vi hechos violentos” ni agresiones a Rodríguez, y que en la Jefatura “no había nadie” –en alusión a los jefes de la fuerza–.
Furriol, que era suboficial mayor retirado, dijo que se sumó a la protesta porque estaba de acuerdo con los reclamos y relató que participó de la reunión con Villalva. “Se lo trató con respeto, jamás de mala manera”, aseguró. E hizo hincapié en que “en ese momento estaba muy latente lo del apuñalamiento en el Atuel”.
Cisneros, otro suboficial retirado, participó del encuentro con Villalva por iniciativa propia y manifestó que “el ministro temblaba”. A preguntas de la fiscalía, respondió que “no sé qué pasó con el Cecom”.
Mora Bartolomé, con 26 años el más joven de los imputados –está estudiando fotografía en Córdoba–, expresó que ese 11 de diciembre no estaba en Santa Rosa sino prestando servicios en Speluzzi. ¿Sabe por qué está acá?, quiso saber el defensor García Ongaro. “Sí, porque Rodríguez dijo que esa noche me vio golpearlo”, respondió. “Al otro día vine a Santa Rosa, pero no participé en nada. No sabía ni adónde funcionaba el Cecom”, agregó.
Para mañana están citados 15 testigos, entre ellos Lara, Villalva, Icuza, el ex gobernador Oscar Mario Jorge, y el ex jefe de Policía, Ricardo Baudaux, entre otros.
