Ricardo Cheli, abogado e integrante del Frente Ciudadano criticó la suba de las tarifas del gas y señaló que es ilegal porque viola la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y el código reglamentario que regula los precios del gas. Criticó los aumentos y la quita de subsidios a los sectores más necesitados.
Cheli saludó la reacción de la ciudadanía y la oposición en este tema y señaló que “creyeron que esto iba a pasar o que la gente no se iba a dar cuenta, pero creo que están minimizando el poder que tienen el pueblo y la gente para pensar y hoy en día se observa cada día paso que da cualquier político y fundamentalmente el gobierno”, dijo en declaraciones televisivas.
“La resolución tiene sus fundamentos y en principio menciona la ley 24076, que estableció el marco regulatorio del gas. Ley propuesta por Menem en 1992 y lleva la firma de Cavallo”, recordó. “En aquel año, en otra realidad, se fijaba un marco regulatorio donde establecía que el valor del gas era en dólares, algo que suele pasar en contratos de este tipo, donde los valores se fijan en dólares”, dijo al programa “La Mañana con Vos” que se emite de lunes a viernes de 8 a 10 por el canal 2 Somos La Pampa de Cablevision.
“Lo que sucede es que no se ha mencionado en el Congreso ni en las distintas exposiciones públicas que se hacen que el decreto reglamentario de esa ley, el 1738, expresamente establece en el artículo 42 que cuando se haga una revisión del método empleado para el cálculo de las tarifas, nunca podrá tener efectos retroactivos, ni ajustes compensatorios y agrega que debe procurar los principios de estabilidad, coherencia y previsibilidad, tanto para consumidores como prestadores”, resaltó.
“Acá no hubo previsibilidad y esto no es responsabilidad del usuario y el consumidor, ni le pueden echar la culpa al consumidor. Pero además, está bien claro que no puede tener efectos retroactivos ni compensatorios”, aclaró Cheli.
“Por otra parte, esto ha permitido ocultar otra cuestión, que es el incremento del valor del gas que vamos a tener todos los usuarios a partir de la facturación próxima que ya empezó a correr del 1 de octubre, donde el gobierno dijo que era del 35% de promedio, pero esto es falso, porque el 60% de los consumidores va a pagar un aumento superior al 60%, porque la variación no es exactamente igual, ya que ellos expresaron el promedio de consumos”, dijo.
“Para colmo, los consumos menores son los que más van a tener un incremento. Si estuviéramos en un estado normal, produciendo, no sé si no convendría que grandes consumidores y pequeñas y medianas industrias, tenga un beneficio por consumir más en el costo, pero no de esta manera”, agregó.
“Además, hay que sumarle a esto que los subsidios a los menores consumos fueron reducidos en un 70% y es muy poca la franja poblacional que se ve beneficiada con esta disminución, porque directamente eliminaron a la gente que tenía un consumo inferior a 100 metros cúbicos, se lo bonificaban, pero eso se sacó”, recordó Cheli.
“Ahora quedó un sector intermedio que supere ese consumo que solamente será beneficiado con el 30% de descuento. Todo esto es una sumatoria y yo no veo en relación al precio del gas, otra cosa que una gran mesa de negocios, primero con Aranguren que compraba gas a Shell y lo mandaba a importar y ahora con esta resolución”, señaló.
“Cualquier persona que se tome el trabajo de leer las declaraciones de Iguacel, quedan en claro dos cuestiones: una, que el gas traído en barco, era más caro que el gas que importábamos de Bolivia y segundo que el gas que se importa, implica el 20% del total. El 80% del gas es producido en Argentina y en este 2018, la secretaría de Energía dictó una resolución donde permite la venta de los excedentes del gas a 8 empresas que las transportan directamente a una productora en Chile. ¿Hay gas o no hay gas?; ¿Cuál es la verdad?”, se preguntó.
“Vuelvo a insistir, se está tomando el 80% promedio al año 2017 y se está exportando. Se autorizó la exportación a Metamex, una empresa que está en Chile. Yo creo que todo esto es un combo que confunde. La gente lo que sabe es que le llega una factura que tiene que pagar, factura con valores fabuloso y que no es fácil de leer”, afirmó Cheli.
“Estos aumentos son inconstitucionales e ilegales. Se debería haber hecho una audiencia pública para estos aumentos. El Poder Ejecutivo se atribuyó el poder de legislar, además, viola el artículo que regula toda la relación de consumo y los tratados internacionales”, dijo.
“Además es ilegal porque viola el decreto del año 1992 y además, a posteriori de la ley 24076, se dictó la ley 24240 que es la que regula la Defensa del Consumidor y la ley dice expresamente que no se pueden establecer cargos retroactivos, no se puede cobrar retroactivamente. A esto se suma que en el Código Civil que dice que cuando usted pagó, ya canceló su deuda, ése es el efecto cancelatorio” indicó.
Para remate de esta resolución, se fija una tasa de interés, que es la que fija para descuentos de documentos del Banco Nación. No solo le vamos a pagar el valor neto de la supuesta diferencia del valor del dólar, sino además los intereses. Y se viola la ley de Defensa del Consumidor, que dice que si un consumidor reclama y luego resulta que debe pagar ese reclamo, solo debe pagar el 50% de la tasa inferior del Banco Nación. Esto es inconstitucional e ilegal”, reiteró.
“Es ilegal tres veces: por el decreto reglamentario, por la Ley del Consumidor y por el Código Civil que fue sancionado hace pocos años. Esto no tiene mayor explicación. ¿Qué pueden hacer los consumidores? La Ley de Defensa del Consumidor establece que cualquier cargo o diferencia que se establezca debe ser facturado por separado”, dijo.
“A su vez, luego hay que presentar una nota muy simple, diciendo que se niega a pagar ese cargo, que está en la factura número tal, porque lo considera inconstitucional o ilegal y esto llevará un procedimiento administrativo. Personalmente, creo que el Congreso va a tratar la derogación y además, hay muchos amparos y medidas cautelares, en distintos lugares del país. El primero fue el del intendente de San Martín en la provincia de Buenos Aires, luego La Plata y el intendente de Río Grande y otros más. Yo creo que esto, en definitiva, la justicia lo va a resolver y habrá una resolución que por lo menos, la va a dejar momentáneamente sin efecto”, cerró Cheli.