Concluyó abruptamente la tercera reunión al negarse el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, a firmar un acta en la cual se reflejaba la coincidencia sobre el valor histórico de la deuda y el rechazo al cobro en obras públicas.
La negativa estuvo centrada en no reconocer en el escrito la aplicación de Interés Simple y la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina y la metodología de cálculo establecida por la Circular B 14.290, que ya han sido resueltos por el máximo organismo de Justicia nacional en otro fallo similar del 19 de febrero de este año, que estableció iguales parámetros de cálculo para con la Provincia de San Luis. También surgieron diferencias en cuanto a la forma de pago, ya que desde el Gobierno nacional ofrecieron abonar el importe del juicio con obras viales y de aeropuertos, obras que por ser de jurisdicción nacional, deben realizar de todos modos.
Es por estas razones que las negociaciones han sido consideradas por concluidas por el Gobierno nacional que sugirie seguir el mismo camino judicial recorrido por las provincias de San Luis y Santa Fe en cuanto a la ejecución de la sentencia, evidenciando la nula predisposición a llegar a un acuerdo y llevando todo al ámbito judicial lo cual retrasará considerablemente los tiempos de cobro de las acreencias provinciales.
