Tras el duro intercambio de comunicados entre la oficina que hace las escuchas judiciales y la Agencia Federal de Inteligencia, luego del escándalo de la filtración de escuchas judiciales correspondientes a la Operación Puf para apartar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos de las coimas, este martes se sumó la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal firmó por unanimidad una acordada en la que defiende a aquella oficina que depende de la justicia, recuerda la responsabilidad penal ante la difusión de las pinchaduraspor parte de los funcionarios públicos y pide a los jueces que sean específicos y limiten el uso de esa herramienta en sus investigaciones.
La Acordada del máximo tribunal contiene una enumeración de «Principios Rectores» en la gestión de las escuchas telefónicas que deberán ser respetados por todos los órganos judiciales. Entre ellos, los jueces destacan que «la interceptación de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional» que «será ordenada con criterio restrictivo»; que la orden judicial para pinchar una línea «será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos, ni «podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos».
Aunque todas las leyes y reglamentaciones así lo establecen, la Corte volvió a recordarle a los jueces que «la interceptación y captación son medidas esencialmente provisionales», que se ordenarán por un plazo razonable determinado, pudiendo ser renovado expresando los motivos que justifican su extensión conforme a la naturaleza y circunstancias del hecho investigado».
Además, «al finalizar el procedimiento por sentencia o auto de sobreseimiento, los registros de sonido de las comunicaciones y las transcripciones que se hubieren realizado serán puestos a resguardo del acceso público. No podrá accederse a éste a ningún fin, sino por orden judicial y por razones justificadas»
También, resalta particularmente la privacidad en los diálogos entre los imputados y sus abogados -en referencia a la difusión de supuestas conversaciones de Lázaro Báez con sus defensores- y le pide a los jueces penales que, en lo posible, no acudan a los espías como auxiliares para sus investigaciones. No sólo eso: también quieren que la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso «certifique» que la AFI no haga espionaje ilegal.
