in sorpresas, el presidente Alberto Fernández inauguró ayer el 138° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de tono moderado, en el que confirmó que presentará un proyecto de reforma de la Justicia Federal para desconcentrar el poder en Comodoro Py y una iniciativa destinada a legalizar el aborto. Asimismo, arremetió contra los formadores de precios y los abusos en las remarcaciones, pero evitó avanzar en anuncios en materia económica.
Escoltado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Fernández arrancó su mensaje con críticas a la gestión de Mauricio Macri, aunque sin mencionarlo. Apuntó, por caso, al endeudamiento externo; en este punto enfatizó que se debe terminar con el «endeudamiento insostenible», agradeció las gestiones del papa Francisco y admitió que el proceso de renegociación con los acreedores externos «no será mágico ni milagroso».
«Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso», fustigó Fernández, quien reprochó haber heredado una situación «dramática de destrucción», con récords en materia de deuda e inflación, caída de la actividad industrial y suba de la desocupación.
«Estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción», enfatizó Fernández, quien agregó que su Gobierno puso en marcha un «programa integral y sustentable» con «objetivos fiscales y de política monetaria» para reactivar la economía, aunque sin dar mayores precisiones.
La oposición aprovechó este bache para achacarle al Gobierno, una vez que finalizó la Asamblea Legislativa, la demora en presentar su plan económico para este año y plantear sus dudas sobre la estrategia de renegociación de la deuda.
Las bancadas opositoras se mantuvieron en un respetuoso silencio a lo largo del discurso de 80 minutos del Presidente. Pocos párrafos merecieron sus aplausos. Uno de ellos fue el anuncio de desclasificación de los documentos secretos de los agentes de inteligencia involucrados en los juicios por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994. También celebraron cuando Fernández apuntó contra los servicios de inteligencia y dijo que impulsará un decreto para limitar la acción de los espías y su colaboración con la Justicia.
Con mayor cautela reaccionaron los opositores ante la iniciativa del Gobierno para reformar la Justicia Federal, anunciada ayer por Fernández, segundo capítulo en la saga que comenzó con el polémico proyecto de ley que recorta las jubilaciones de los magistrados, ya con media sanción de la Cámara baja.
Fernández anticipó que la nueva iniciativa apuntará a terminar con «el oligopolio de los jueces federales y la concentración de procesos» por medio de la creación de un nuevo fuero federal penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en la Capital. «Venimos a poner fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza», arremetió Fernández, y agregó que se propiciará, además, la unificación de la Justicia Civil y Comercial Federal en el ámbito del fuero contencioso administrativo de la Capital.
«Los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados -precisó Fernández-. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido».
Aplausos
La legalización del aborto fue otro de los párrafos más ovacionados del discurso. Fue el único instante en el que legisladores de la oposición se pusieron de pie para aplaudir al Presidente.
«En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos», enfatizó Fernández, quien reiteró que la iniciativa iría acompañada de un «plan de los 1000 días», que garantice la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos en los primeros años de vida.
