Dirigentes políticos, funcionarios y organismos repudiaron este sábado el supuesto espionaje ilegal que se realizó desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de la denuncia presentada ayer por la interventora de esa dependencia, Cristina Caamaño, por «producción de inteligencia ilegal» en perjuicio de unas 500 personas.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró al respecto que «lo que contamina son las escuchas ilegales y lo que encontramos en la AFI» y explicó sobre la presentación judicial de Caamaño que «se encontró documentación e hizo la denuncia, la que debe llevar adelante la investigación es la Justicia».
Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo«, indicó Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.
Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, fue consultado por el mismo medio sobre el tema y expresó: «Fui citado por la Justicia como víctima y no tengo ningún dato, más allá de lo periodístico»
«Por supuesto voy a ir a hablar con el juez a ver qué se está investigando, pero no tengo ninguna otra información. No le doy ninguna significación al tema, que es muy sensible para hacer especulaciones», agregó el mandatario.
El viernes, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de la primera causa abierta por el presunto espionaje ilegal, citó como testigos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Rodríguez Larreta, para mostrarles las evidencias halladas.
Posteriormente, ambos funcionarios podrán decidir si se presentan como querellantes en el caso, según informaron fuentes judiciales.
Asimismo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó «preocupación por los casos de presunto espionaje ilegal contra ciudadanos, entre ellos, numerosos periodistas» y comunicó que «presentará un pedido de informes a las autoridades y organismos involucrados».
«FOPEA sigue con atención la denuncia, en un hecho que habría ocurrido en 2018, sin que mediara ninguna orden judicial. Exigiremos garantías a la Justicia para el ejercicio profesional del periodismo. Estas prácticas resultan intolerables en una democracia y afectan el resguardo constitucional de la actividad periodística», señaló un comunicado de esta entidad publicado en la red social Twitter.
