El proyecto de Ley que suspende entre el 20 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021 el cómputo de plazos en procesos de concursos y quiebras fue aprobado por la Cámara de Senadores de la Nación, y la iniciativa ahora regresa a Diputados en segunda revisión debido a que que se le introdujeron varias modificaciones al texto votado por ese cuerpo.
La iniciativa obtuvo el apoyo de la bancada del Frente de Todos y sus aliados, en tanto que Juntos por el Cambio votó en contra.
Los cambios, anunciados por la presidenta de la Comisión de Legislación del Senado, la oficialista correntina Ana Almirón, determinan que el proyecto regrese a la Cámara baja, debido a que modifican la iniciativa original votada por ese cuerpo.
Almirón mencionó que uno de los cambios es la “ampliación de la vigencia de esta ley hasta el 30 de junio de 2021” y destacó que “extender este plazo es propicio porque va a tender a la recuperación de las empresas”.
Otra incorporación relatada por la legisladora es “establecer el plazo para que quienes presentaron un pedido de concurso se vean beneficiados y la fecha de corte sea el 20 de marzo de este año, que es cuando el Gobierno nacional decretó las medidas de aislamiento por la pandemia”.
El proyecto extiende hasta el 30 de junio de 2021 (originalmente era hasta el 31 de marzo de ese mismo año) el plazo de emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y quiebras, con excepciones.
Además, se incluyó un párrafo para incluir en la norma los procesos concursales que se hayan iniciado desde la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Entre los que quedan fuera del alcance de los beneficios del proyecto de ley figuran aquellas empresas que realicen giros o transferencias al exterior, especialmente a países de baja o nula tributación, y aquellos que realicen operaciones en los denominados “dólar contado con liqui” o MEP.
También quedan exceptuados del beneficio aquellas firmas que hayan constituido cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período establecido por la norma.
Por otro lado, el proyecto también establece que en el caso de los nuevos juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días pudiendo el juez, a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en sesenta días adicionales.
Además, el texto suspende “en pleno derecho y sin requerimiento de parte los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos».
Se prohíben también «nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios».
La discusión del proyecto, que tuvo el acuerdo de todas las bancadas, se puso álgido cuando la correntina Almirón mencionó que “la pandemia para las empresas venía de los cuatro años anteriores” y remarcó que “alrededor de 25 mil pymes se perdieron en los años del gobierno de Mauricio Macri”.
Almirón también enumeró los programas de ayuda estatal que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y pronosticó que las empresas se recuperarán en poco tiempo.
“Me gustaría vivir en ese país”, fustigó la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, y dijo que “en este gobierno más de cincuenta mil pymes cerraron”, al tiempo que aseguró que “nunca un gobierno como el actual hizo tantas cosas malas para que la economía no funcione”.
Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, aseguró que “en 2019 el 61 por ciento de las empresas fueron a concurso preventivo” y destacó que “once empresas quebraban por día hábil”.
“Eso fue consecuencia del fracaso del programa económico que tenía el gobierno de Macri. Muchos empresarios se dedicaron a la especulación financiera”, afirmó el legislador oficialista.
Desde la oposición, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, argumentó que el proyecto modificado en el Senado “golpea a las pymes”.
Además, le respondió al oficialista Juan Mario País quien había llamado “especuladores seriales” a los que pretendían votar la ley tal como vino de Diputados.
“Escuché que nos llamaron ‘especuladores seriales’ a los que queremos votar la ley como está de Diputados. ¿Acaso el jefe del bloque del Frente de Todos de la otra cámara (Máximo Kirchner) votó esto para proteger a los especuladores?”, se preguntó el legislador de origen radical.
La Cámara alta por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que no puedan ser suspendidos los servicios esenciales a los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país, en situación de emergencia.
La iniciativa modifica el artículo 15 de la Ley 25.054 de Bomberos Voluntarios por el cual se exime a los entes que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, durante el período de catástrofes, epidemias y/o pandemias, de la suspensión o el corte de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente.
También se prohíbe que se corten los servicios de telefonía fija o móvil, internet o televisión por cable, en el mismo caso, en todos los cuarteles del país.
Asimismo, se dispone que las empresas procederán a la inmediata reconexión o restitución de los servicios en caso de encontrarse suspendidos.
El autor de la iniciativa, el peronista salteño Sergio Leavy, recordó que al inicio de la pandemia por coronavirus Covid-19 el Poder Ejecutivo emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para prohibir el corte de servicios en los cuarteles de bomberos.
“Esa decisión debe estar volcada en una ley. Los bomberos están haciendo un gran trabajo en la pandemia. Están en la primera línea de combate, más que nada, con esta catástrofe que son los incendios forestales en varios rincones de la Argentina”, mencionó el senador.
En ese sentido, Leavy sugirió “colaborar con estos héroes”.
