La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.
Tras un debate de trece horas –se inició a las 14,30 del martes-, el oficialismo consiguió 133 votos para aprobar el proyecto con el apoyo de representantes de bloques provinciales.
En tanto que Juntos por el Cambio encolumnó a 115 diputados detrás del rechazo, entre ellos la representante del Movimiento Popular Neuquino y la lavagnista Graciela Camaño.
Los dos diputados de la Izquierda se abstuvieron al momento de votar, en tanto que se registraron cinco ausencias.
El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.
La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.
A lo largo del debate los legisladores oficialistas defendieron el proyecto con el argumento de reforzar las arcas públicas debido a la caída de la recaudación, y la necesidad de asistir al sistema sanitario y productivo, mientras desde la oposición sostuvieron que es un «impuesto confiscatorio».
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), dijo que «no somos hinchas del déficit sino que somos enemigos del ajuste».
Tras reiterar el carácter «solidario y extraordinario de la iniciativa», el diputado puso de relieve que el país está «ante una situación de emergencia» y se pretende con el aporte «alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas» para «morigerar» en los sectores más vulnerables «los efectos de la pandemia».
Su compañera de bloque y titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, aseguró que el proyecto representa «un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad».
En la misma línea se expresó el radical Luis Pastori, quien justificó su rechazo al afirmar que se trata de una iniciativa con un «sesgo claramente antiempresa y antiinversiones».
El titular del bloque de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, adelantó el voto favorable de la mayoría de su bancada pero dijo que «no sería completo si a la par no discutiésemos de inmediato, antes de fin de año, un impulso para los verdaderos generadores de empleo que son las pymes».
Mientras, su compañera de bloque Graciela Camaño rechazó el proyecto por considerar que «desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país».
Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) anticipó también su rechazo por considerar que «vuelve a gravar la misma capacidad contributiva», y cuestionó que «la recaudación de este impuesto, como debe ser llamado en realidad, no sea coparticipable».
La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá expresó el rechazo de su espacio al proyecto porque «no se trata de una verdadera recaudación o afectación a las grandes fortunas de algunos ricos».
Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que se retiró del Congreso por haber estado en contacto cercano con un portador de Coronavirus, expresó vía Zoom: «Los argentinos y argentinas necesitamos encontrar un punto de equilibrio y acuerdo. Necesitamos del sector privado y del sector público invirtiendo juntos. Se trata de encontrar entre todos y todas una salida en común».
