La medida consensuada con representantes del sector gastronómico es de carácter excepcional y comprende únicamente los días 12, 13, 14 y 15 de febrero. Durante ese lapso los locales gastronómicos y los eventos públicos y privados podrán funcionar entre las 7 y las 2, con una tolerancia de media hora.
Desde el Gobierno provincial se tuvieron en cuenta dos factores fundamentales para la implementación de la medida: la reducción de casos positivos registrada en los últimos días y la menor ocupación de camas de terapia intensiva.
El acuerdo fue plasmado en un acta que rubricó en la tarde de hoy el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá con representantes de la Asociación Hotelera y Gastronómica de La Pampa y de la Comisión Gastronómica de la Cámara de Comercio, Industria, y Producción de La Pampa, luego de analizar en conjunto y llegar a un acuerdo consensuado acerca de las ampliaciones horarias que se aplicarán durante el próximo fin de semana largo.
El titular de la cartera de Trabajo destacó la posibilidad de “seguir dialogando y consensuando con un sector que, como otros de la economía pampeana, ha sufrido efectos económicos negativos producto de la pandemia”.
Ratificó que para el Gobierno de La Pampa “sigue siendo prioridad la salud de las y los pampeanos, pero nos esforzamos en ir adecuando las medidas sanitarias para que los sectores económicos estén activos, produciendo o vendiendo, porque sabemos que es la manera de proteger las fuentes laborales.
Finalmente apeló al compromiso empresarial, e instó a todos los pampeanos y pampeanas a “actuar con solidaridad y responsabilidad social, respetando las formas y protocolos establecidos. Son recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales que tienen en único fin de proteger la salud de toda la población” señaló.
Control y puesta en vigencia
El Decreto que habilita excepcionalmente la ampliación horaria entrará en vigencia a partir de las 0 del 13 de febrero y será publicado mañana en el Boletín Oficial.
Asimismo, se estableció las autoridades municipales, según lo normado por el DNU 67/21, en coordinación con las autoridades competentes provinciales, serán los encargados de arbitrar los mecanismos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
