La Corte Suprema de Justicia se declaró este lunes competente para analizar la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito y anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión.
La resolución de los ministros de la Corte se conoció en una jornada en la que se observó un alto acatamiento al paro docente en las escuelas de gestión pública de la ciudad y actividad dispar en los establecimientos privados.
La disputa por la presencialidad se centró en el ámbito judicial tras un fallo de la Cámara de Apelaciones que el domingo avaló la vuelta a las aulas pese al decreto que ordenaba volver a la virtualidad en el AMBA frente a la exponencial suba de contagios de coronavirus, a lo que hoy se sumó la decisión de la Corte de asumir la competencia en el litigio.
Si bien la Corte no tiene plazos para expedirse, anticipó, a través de la resolución que firmaron los cinco ministros, que hará una tratamiento acelerado en los términos que permite el Código Civil y Comercial de la Nación, para que los magistrados resuelvan «de oficio» y como «primera providencia», si «la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida» lo permite.
En principio, el planteo del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, logró un dictamen favorable de la procuradora de la ciudad Laura Monti, que el domingo determinó que la Corte está facultada para entender en la presentación que realizó el gobierno de CABA.
Tomando ese dictamen, la Corte intervino y señaló que fallará al respecto, aunque luego de que el Gobierno Nacional ofrezca, dentro de un plazo de cinco días, sus argumentos de por qué estableció en el decreto 241 que deben suspenderse las clases presenciales en el AMBA.
Otro capítulo de la judicialización de las medidas contra el coronavirus se libró en la justicia porteña con la resolución de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario, que dispuso anoche el retorno de la presencialidad educativa en la ciudad.
Ante esta decisión, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial.
El planteo de la Procuración fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, cuyo titular es el juez Esteban Furnari.
En otro escenario judicial, pero vinculado al mismo tema, la jueza federal María Servini quedó a cargo de dos denuncias presentadas en las últimas horas en los Tribunales Federales de Retiro vinculadas al decreto presidencial 241/2021 que estableció nuevas restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
Una de las denuncias la radicó la abogada Valeria Carreras contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y la referente del PRO, Patricia Bullrich, por «violación de medidas para la propagación de una epidemia y asonada».
En este caso, se los denunció por «atentar contra la salud pública mediante una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU que restringe la presencialidad escolar, la reducción horaria de circulación para la ciudadanía y el cierre de comercios» para evitar que los contagios sigan su crecimiento exponencial de los últimos días y en un marco de posible saturación del sistema sanitario debido a la demanda de internaciones por Covid-19.
Esta normativa «apunta a frenar la segunda ola de contagios de Covid 19», sostuvo Carreras, quien aludió además a «sedición, en grado de tentativa».
La otra denuncia se presentó contra Mauricio Macri y también resultó sorteada en el juzgado de Servini, por supuesta «instigación a cometer delito, resistencia o desobediencia a funcionario público y violación de medidas para la propagación de una epidemia».
En este caso el abogado Federico Paruolo denunció al expresidente por una publicación en Twitter en la que pedía a los intendentes que mantuvieran las escuelas abiertas.
En otro orden, el juez federal en lo Civil, Contencioso y Administrativo de San Martín, Oscar Papavero, rechazó una medida cautelar presentada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, contra el decreto 241/2021 que suspendió las clases presenciales alegando una cuestión de competencia.
En el plano sindical, diferentes gremios docentes y estatales realizarion este lunes una medida de fuerza que continúa durante el martes en la CABA en rechazo del fallo de la Cámara porteña y en respaldo al decreto presidencial que estableció restricciones por la suba de contagios que produce la segunda ola de coronavirus.
La medida de fuerza es respaldada por gremios docentes como Camyp (Unión Argentina de Maestros y Profesores), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), Sadop (docentes privados) y Ademys, además del sindicato mayoritario UTE-Ctera.
Asimismo, también llamaron al paro ATE Capital y el Sitraju, que representa a los empleados del Poder Judicial.
En el plano político, en tanto, la disputa por la presencialidad siguió generando también repercusiones.
El ministro de Justicia, Martín Soria, evaluó que «no es la primera vez que el PRO utiliza políticamente al Poder Judicial conforme a sus intereses», tras lo cual advirtió que «esta vez han ido demasiado lejos, porque están poniendo en juego la vida y la salud del resto de la Argentina».
En ese marco, el funcionario calificó de «forum shopping» lo dispuesto el domongo por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo.
En declaraciones a El Destape Radio, Soria también indicó que «se van a interponer varias medidas para frenar esta decisión política».
Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, afirmó que este lunes es «un día dispar» porque no todas las escuelas estuvieron en condiciones de abrir sus puertas, pero dijo que las que no pudieron el lunes «lo harán mañana», al tiempo que afirmó que el paro es impulsado por «sindicalistas con objetivos políticos».
A su vez, el senador nacional Mariano Recalde (FdT-CABA) estimó que «quieren hacer fracasar la política de combate al Covid» para «tratar de sacar rédito político tan cerca de las elecciones».
