El gobernador Sergio Ziliotto remitirá mañana a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que impulsará la creación de cuatro cargos de fiscales en el Poder Judicial de La Pampa, asignados a cubrir Unidades Fiscales para la investigación, promoción y ejercicio de la acción penal en hechos delictivos ocurridos o relacionados con el ámbito rural y la actividad agraria.
Estos ámbitos tendrán asiento en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Victorica, mientras que la competencia territorial corresponderá a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripciones Judicial, respectivamente.
El gobernador Sergio Ziliotto había adelantado esta iniciativa para apoyar la labor policial sobre esta temática en rutas, caminos vecinales e inmediaciones de predios rurales para evitar la comisión de delitos y contravenciones.
Este Proyecto de Ley surge, además, de múltiples reuniones mantenidas entre autoridades provinciales y entidades rurales en las que se abordaron inquietudes de productoras y productores en materia de seguridad rural. Como resultado, las partes concordaron que resulta imperioso activar políticas criminales y de prevención que protejan e incentiven la instalación y el mantenimiento de la familia en el campo.
La situación fue analizada exhaustivamente con otros estamentos del Estado Provincial, así como con representantes de las entidades intermedias que agrupan al sector rural. Por ello, se considera que esta respuesta institucional es la más eficaz para el abordaje y prevención de esta problemática particular.
El gobernador Sergio Ziliotto había adelantado esta iniciativa para apoyar la labor policial sobre esta temática en rutas, caminos vecinales e inmediaciones de predios rurales para evitar la comisión de delitos y contravenciones.
Este Proyecto de Ley surge, además, de múltiples reuniones mantenidas entre autoridades provinciales y entidades rurales en las que se abordaron inquietudes de productoras y productores en materia de seguridad rural. Como resultado, las partes concordaron que resulta imperioso activar políticas criminales y de prevención que protejan e incentiven la instalación y el mantenimiento de la familia en el campo.
La situación fue analizada exhaustivamente con otros estamentos del Estado Provincial, así como con representantes de las entidades intermedias que agrupan al sector rural. Por ello, se considera que esta respuesta institucional es la más eficaz para el abordaje y prevención de esta problemática particular.
