El gobernador, Sergio Ziliotto, abrió esta mañana al periodo de sesiones de la Cámara de Diputados de La Pampa del ejercicio 2025. En su discurso trazó un panorama sobre las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo y las proyecciones para el año en curso.
El Gobernador anunció una nueva operatoria de viviendas para que propietarios de terrenos accedan a créditos del IPAV de hasta 45 millones de pesos, e informó que el Banco de La Pampa instrumentará créditos de hasta $30 millones, a cinco años y sin garantía hipotecaria, para ampliaciones y refacciones.
Comunicó que se destinarán 12 mil millones de pesos para que las 80 localidades pampeanas accedan a recursos para renovar sus parques automores y precisó que en el mes de enero se oficializó el pedido a Nación apara que la provincia pueda hacerse cargo de la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, con la correspondiente transferencia de recursos.
Ziliotto cerró sus palabras con una ferrea defensa de la institucionalidad y los principios democráticos y llamó a fortalecer el diálogo como la principal herramienta para la construcción de consensos.
El texto completo del discurso es el siguiente:
Estamos aquí una vez más. Por mandato constitucional, venimos a informar acerca del estado de la administración provincial.
Exactamente un año atrás, identificábamos el principal desafío de la nueva gestión de Gobierno: asumir más responsabilidades ante el retiro del Estado nacional.
No nos equivocamos. En soledad, debimos hacernos cargo de la salud, la educación, la seguridad, la alimentación y la obra pública.
Y lo hicimos con menos recursos. Tanto por la fuerte recesión económica, como por la apropiación ilegal de lo que nos pertenece.
El Gobierno nacional ejecuta un modelo que achicó la economía, derrumbó la actividad económica y el consumo, generó una fuerte recesión, empobreció a la mayoría de los argentinos y concentró aún más la riqueza.
Así, subieron la cuota del monotributo a todas las categorías de trabajadores, repusieron el impuesto a las ganancias a los trabajadores, eliminaron la devolución del IVA, y subieron el impuesto a los combustibles y todos los servicios.
Su consecuencia más visible son los 13 meses de caída del consumo masivo, principalmente los alimentos.
Mientras tanto, el avance de la primarización de la economía será nefasta para el trabajo argentino, generando más desocupación y pobreza.
En la actualidad sector productivo cae a mínimos históricos de producción y rentabilidad. En contraposición, la especulación financiera festeja ganancias siderales.
Sin dudas, este modelo responde al país que sueñan. Donde el negocio financiero se propicia y se defiende, aunque se incurra en conductas delictivas.
Paradójicamente, tenemos que escuchar que todos los males de la situación económica son los impuestos provinciales y las tasas municipales.
Sin embargo, las únicas obras que ven y servicios que se prestan, son los que sostienen los gobiernos provinciales y municipales.
Más aún, informes oficiales muestran que la baja de la presión tributaria de las provincias y los municipios fue tres veces superior a la que se generó a nivel nacional.
En concreto: la carga tributaria más perjudicial para la economía son las consecuencias de su propio modelo.
En La Pampa, un ejemplo resume el daño.
En tan sólo 10 meses el sector privado debió despedir 2.100 trabajadores formales.
Quizá un número menor si analizamos el horizonte negro para casi 3 mil empleos directos de la industria de la carne, ante el anunciado industricidio que planifica el gobierno nacional para el sector frigorífico.
Las finanzas públicas provinciales también fueron golpeadas.
Durante 2024 en La Pampa los recursos coparticipables nacionales de transferencia automática han caído, en términos reales, un 9,3 %. En paralelo, la recaudación provincial disminuyó un 11 %.
Ello significó una baja de ingresos de 95 mil millones de pesos. Producto de la caída de la economía nacional, pero también por la aprobación por parte del Congreso Nacional del llamado paquete fiscal.
Su aprobación agregó impuestos a los trabajadores y se los eliminó a los grandes capitales. Fue un golpe durísimo al federalismo fiscal.
A valores actuales, según la propia Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, La Pampa y sus municipios perderán entre 2023 y 2027 la suma de 83.100 millones de pesos, mientras que a partir de 2028 dejarán de recibir, año tras año, 35.200 millones de pesos.
Sorprende que legisladores nacionales pampeanos acompañaron con su voto.
Son recursos que faltan para hacer las cloacas de Intendente Alvear, el sistema de saneamiento integral de 25 de Mayo, el acueducto de Victorica, los colegios secundarios de Vértiz, Algarrobo del Águila y Ataliva Roca y la repavimentación de la ruta 1 entre Macachín y Miguel Riglos, entre otros.
Son recursos que faltan para construir más viviendas, más hospitales, más escuelas y más pavimento urbano, para comprar más ambulancias y más patrulleros, para sostener el poder adquisitivo del salario y para seguir apoyando al sector privado que apuesta a la producción.
Sin dudas, esos legisladores nacionales votaron contra La Pampa.
A todo ello, debemos sumar la creciente deuda del Gobierno nacional con la Provincia y los municipios.
A su valor inicial se suma la caída del 96 % de las transferencias del Gobierno nacional, violentando leyes, convenios y pactos federales.
Así, la deuda del Estado nacional con La Pampa asciende al día de hoy a 115 mil 272 millones de pesos. Por eso, duele esa dirigencia que calla.
Ya no se trata de un castigo a este Gobernador, es un agravio más a toda la sociedad pampeana.
Un pequeño paréntesis para aclarar que La Pampa no es la única castigada por el Gobierno nacional. Cualquier estadística muestra que las 23 provincias han sufrido, algunas sólo un poco menos, la ejecución de la promesa presidencial de fundir a las provincias.
A pesar de semejante escenario de ajuste, en La Pampa mantuvimos el equilibrio fiscal. Así, podemos seguir mostrando la fortaleza financiera provincial, histórica de los gobiernos peronistas.
Y esto se debe a varias cosas. La primera, que somos un Estado austero y eficiente. Aquí el Estado trabaja, funciona, está ordenado, no hace falta romperlo.
El Estado en La Pampa no necesita topos que vengan a romperlo, ni foráneos ni locales.
En 2024 los recursos provinciales se incrementaron en un 107,3 %. Un valor exiguo si lo comparamos con otras variables que incrementan el gasto presupuestario.
El primer desfasaje lo muestra el índice de precios al consumidor 2024 para nuestra provincia, que fue del 114, 4 %. A ello se suman los aumentos que soportaron las principales partidas presupuestarias: medicamentos el 247 %, insumos hospitalarios el 216 %, obra pública el 140 %, educación el 171 % y seguridad ciudadana el 221 %. A pesar de ello, no resentimos la prestación de ningún servicio público.
Ante dicha situación, definimos prioridades: seguir garantizando servicios públicos de calidad como lo marca la historia, y defender el poder adquisitivo del salario como sostén del consumo.
Tuvimos que disminuir la inversión pública en bienes de capital y en infraestructura. Un eventual cobro de la deuda paliará tal situación.
Lo que no abandonamos fue la inversión pública para tratar de sostener la actividad económica y el consumo. Aplicamos 9.700 millones de pesos del Presupuesto Provincial al subsidio de tasa.
La mayor parte de esa inversión fue aportada por el Banco de La Pampa, en su rol de principal aliado del gobierno provincial para intervenir virtuosamente en la economía provincial.
En relación al crédito a las pymes, en noviembre pasado desde el Banco de La Pampa pusimos a disposición de todos los sectores económicos una cartera de 167 mil millones de pesos para inversión a plazos inéditos y con el acostumbrado subsidio de tasa.
Además, durante el 2024 desde nuestro Banco provincial hemos destinado 20 mil millones de pesos para financiar sus promociones.
Es por ello que surge nítidamente la principal consecuencia de nuestro apoyo al sector privado.
Son datos dejan sin asidero al acostumbrado y falso relato contra el rol del Estado.
La cantidad de pampeanos que dependen del sector privado más que duplica a quienes revisten en el sector público. Y si el análisis lo remitimos a los trabajadores en relación de dependencia, el sector privado también supera al sector público.
No conformes con eso, desde la Expo Pymes 2025 pondremos en marcha una nueva herramienta de financiamiento: el Compre Pampeano Consumo.
Será un apoyo más a nuestras industrias.
Podrán vender directamente al consumidor final, en hasta 36 cuotas y con tasa subsidiada, los bienes que produzcan y tengan como destino las mejoras en viviendas.
Este escenario de complicaciones tiene su natural correlato en las administraciones municipales.
Hoy más que nunca son la primera trinchera, y nuestros aliados en el territorio, ante demandas de la sociedad, que crecen día a día.
Mientras el Gobierno nacional ajusta a las provincias, aquí en La Pampa la situación es diametralmente opuesta.
Los municipios reciben y administran el 22,7 % de la totalidad de los recursos del presupuesto provincial. O sea, el doble de lo que les corresponde por coparticipación municipal en forma automática.
Todo un dato que ratifica la vigencia de un federalismo interno.
Los datos oficiales y de libre acceso público vía web, certifican que esa distribución de recursos es notoriamente equitativa.
Las administraciones municipales pertenecientes a la oposición gobiernan localidades donde vive el 28,76 % de la población provincial. Han recibido durante 2024 el 29,80 % de los aportes totales.
O sea 84.722 millones de pesos, de un total de 284.334 millones.
Otra vez, una vez más, la realidad termina con el relato de la discriminación.
Como lo dijimos anteriormente, la Constitución nos convoca en esta fecha para brindar el informe del estado de la administración.
En forma complementaria a estas palabras, en el día de la fecha hemos ingresado a esta Legislatura un pormenorizado informe en formato digital de cada área de Gobierno.
Todas nuestras políticas públicas comparten el objetivo prioritario del bienestar de cada integrante de la sociedad pampeana, a partir de una concepción integradora e igualitaria y más allá de donde viva.
Y como vehículo para lograrlo, un Estado eficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades y aliado del sector privado para potenciar la producción y la generación de trabajo.
La quita de recursos por parte del gobierno nacional intentará hacer mella en nuestra capacidad de gestión, pero nunca torcerá nuestro camino soberano.
Sin perjuicio de esta información complementaria, resulta pertinente profundizar acerca de las principales políticas de Estado.
El año que pasó dejó en evidencia la fortaleza del sistema de salud pública provincial.
La crisis económica y el ajuste nacional empujaron a pampeanas y pampeanos a migrar del subsistema privado al subsistema público de salud.
Salud Pública atendió 106 mil personas más en 2024 que en 2023. O sea, un 6,3 % más.
La incorporación del Hospital Favaloro produjo un manifiesto salto de calidad en la atención de patologías complejas que antes se realizaban fuera de la provincia, generando traslado e incomodidad al paciente y más gastos al Estado.
La Red Provincial de Salud, apalancada en la telemedicina nos permite avanzar en el nuevo paradigma de Salud Digital, implementando “hospitales sin paredes”. Será estratégico para resolver a distancia y federalizar las prestaciones.
Mientras tanto, la empresa pública INVAP trabaja en la puesta en marcha del Centro Radio Oncológico con la certeza que en pocos meses comenzará a prestar este nuevo servicio del Estado provincial.
Demás está decir que seguimos trabajando junto a la Universidad Nacional de La Pampa en la creación de la carrera de medicina.
El Sistema de Salud Pública de La Pampa es reconocido como uno de los más eficientes la Argentina, lo que no solo debe traducirse en tranquilidad, sino en motivo de orgullo pampeano.
Ante el desinterés nacional en su involucramiento en política educativa, la educación de La Pampa sigue mostrando una realidad con parámetros por encima de la media nacional.
Sus objetivos inclusivos, equitativos y de calidad, surgen nítidamente en algunas acciones a destacar.
La ampliación de las salas de 3 años, que garantiza una cobertura del 100% sobre la demanda de las familias, es la consecuencia de una gran inversión en cargos docentes, materiales didácticos e infraestructura escolar.
No es casual la valoración a nivel internacional, como una virtuosa política de educación inclusiva, de la decisión de implementar la escolarización de niñas y niños con discapacidades en el sistema común.
El año pasado 8 instituciones educativas de gestión privada, que son oferta única en sus localidades, fueron incorporadas a la órbita estatal.
Fortaleciendo el recurso humano, en 2024 se crearon 48 cargos docentes y 467 horas cátedra, se titularizaron 750 cargos y horas cátedra y se realizaron más de 30.000 designaciones de interinatos y suplencias en todos los niveles educativos.
El incremento progresivo de diez puntos en el Nomenclador Básico de Funciones para ocho cargos docentes, dio respuesta a una demanda de varios años.
Los Planes Provinciales de Alfabetización y Matemática configuran el seguimiento permanente de la calidad educativa, involucrando a estudiantes, docentes y familias.
Más de 10.000 estudiantes fueron evaluados en Lengua y Matemática a través del Monitoreo de Aprendizajes Pampeanos, y se aplicó por primera vez la Autoevaluación Institucional, con la participación de más de 22.900 personas.
La Red Pampeana de Formación Docente Contínua permitió acceder a 130 propuestas por parte de 7.700 educadores. Se conformó el Consejo Provincial Estudiantil de Nivel Secundario, un claro ejemplo de generación de espacios para el involucramiento de los alumnos.
A todo ello, para el 2025 proyectamos un ciclo lectivo con 190 días de clases.
Como síntesis, un dato esclarecedor: el sistema educativo público provincial contiene la demanda de educarse, formarse y crecer de 97.140 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos pampeanos. O sea, el 27 % de nuestra población.
Y todo ello, como lo dijimos, con parámetros de calidad educativa superiores al conjunto de las provincias.
2024 fue un año en que consolidamos las políticas públicas de seguridad ciudadana a partir de una articulación integral que sumó prevención, capacitación, tecnología y control, lo que nos mantiene con estándares distintivos a nivel nacional.
No resulta casual que las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación nos ubiquen como una de las provincias con mayor seguridad en el contexto nacional y la más segura en el ámbito regional.
Todo ello con una fuerte asignación de recursos para sostener la calidad de prestación en infraestructura, equipamiento y recurso humano.
Un sello distintivo de 2024 fue la consolidación del programa Pampa Seguridad Activa, que a partir del uso de cámaras de seguridad lectoras de patentes y dispositivos móviles permitió fiscalizar vehículos en tiempo, consolidando el Anillo Digital de Seguridad.
Durante 2025, la Universidad Nacional de La Pampa comenzará a dictar la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana, una herramienta para seguir jerarquizando la formación de nuestra Policía.
La sostenida lucha contra la droga derivó en el desbaratamiento de dos laboratorios y de tres redes de narcotráfico.
Un operativo sobre la Ruta Nacional N° 5 abortó el ingreso de drogas sintéticas a nuestra Provincia. Y su posterior investigación llevó a desmantelar dos laboratorios, comúnmente llamadas cocinas, en sendos barrios porteños que abastecían no sólo a La Pampa.
En el mismo sentido se desmanteló otra red que operaba entre nuestra Provincia y Córdoba, sumando la desarticulación de una tercera que operaba desde Buenos Aires y tenía vínculos con la Unidad Penitenciaria Federal Nº 4.
Como lo dijimos anteriormente, el pago de la deuda por parte del Gobierno nacional, nos permitirá no interrumpir en 2025 este proceso constante de inversión en protección ciudadana.
2024 no fue un año más en la defensa de nuestros ríos.
En cuanto al río Colorado, logramos que Mendoza abandone el proyecto Portezuelo del Viento, una obra inviable desde lo económico, lo técnico y lo ambiental.
En paralelo celebramos un avance significativo en la lucha por el río Atuel, en una estrategia conjunta con la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Universidad Nacional de La Pampa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la presentación realizada por La Pampa respecto al incumplimiento del fallo de la Corte Suprema, exigiendo al Estado nacional que, en un plazo de cuatro meses, dé las explicaciones correspondientes.
Además, se presentó más evidencia ante la Corte Suprema sobre la disponibilidad de caudales en Mendoza, exigiendo una vez más el inmediato cumplimiento de su fallo de 2020.
La certeza de siempre de que “agua hay” se ha transformado en estos días en “agua sobra”, poniendo cada día más en evidencia que la apropiación del Río Atuel sólo se puede vincular con el autoritarismo hídrico de Mendoza.
Fieles a no abandonar nuestra convicción ni obligación institucional, en 2024 forzamos se avance en el dictado de un estatuto para la cuenca del Desaguadero.
En pocos días se cumplirán 5 años de vigencia de la Ley de Desarrollo Energético, que da marco a una de las principales políticas de Estado de nuestra provincia: la soberanía energética.
En estos 5 años, la inversión pública en el Sistema Eléctrico Provincial creció a valores constantes un 53 %. Mientras en 2020 se destinó el 2,44 % del presupuesto provincial, en 2025 ese porcentaje llegará 3,47 %.
Hoy son 3 los proyectos de generación de energía en marcha o desarrollados que cubrirán el 22 % de la demanda provincial.
Sólo con el beneficio de la generación del parque solar de Victorica pudimos congelar por 3 meses la tarifa energética a los usuarios residenciales de menor consumo, tratando de paliar el feroz aumento aplicado por el gobierno central.
Actualmente trabajamos en 9 proyectos, que hacia 2030 nos acercarán cada vez más a la generación total de la energía consumida en nuestro territorio.
El dato significativo es que esa inversión proyectada tiene anclaje en una conjunción de trabajo entre el Estado y el sector privado. Una sinergia estratégica, una marca registrada de esta gestión de Gobierno.
Mientras tanto, desde 2020 hemos ejecutado 79 obras para fortalecer el sistema eléctrico provincial, junto a cooperativas y municipios. Ello no fue en vano: en términos anuales se redujeron de 49 a 11 los cortes en líneas de alta tensión, y las horas sin servicios disminuyeron de 155,8 a 11 horas.
El trabajo conjunto con los municipios nos permite alcanzar el 81 % de la iluminación con tecnología led. Ello determina un ahorro del 18 % en términos energéticos y un 65 % en términos económicos.
Ya son 70 los clubes que accedieron al programa para fortalecer su infraestructura y sus finanzas, desde la calidad lumínica y el ahorro económico.
Además, ya contamos con 61 usuarios generadores, alcanzando el quinto lugar en el contexto nacional. Ellos producen el equivalente al consumo medio de 657 hogares.
2024 marcó la mayor producción minera de los últimos 13 años, clara consecuencia de nuestro acompañamiento de la inversión productiva.
A pesar del contexto desfavorable finalizamos el Primer Plan de Conectividad a través de EMPATEL.
Y lo hicimos sin tener un plan de negocio.
Sí, a partir de un plan de desarrollo: llegar donde hay pampeanas y pampeanos.
Y lo hacemos a través de EMPATEL asociada con cooperativas, pymes y prestadores nacionales del sector.
Así podemos mostrar resultados tangibles.
Incorporamos 281 kilómetros de fibra óptica, alcanzando una red provincial de 2063 kilómetros de extensión.
El 100 % de las localidades tiene acceso a internet.
Ya son 60 las localidades con redes de alta velocidad. 39 más que en 2019 cuentan con fibra óptica domiciliaria. Ello nos permitió reducir entre un 20 y un 36 % la tarifa mayorista a cooperativas y pymes prestadoras del servicio de última milla.
Desde 2019 La Pampa pasó de 77 a 96 de cada 100 hogares con acceso a internet.
El 98,1 % de la población pampeana accede a la tecnología 4G en dispositivos móviles.
Aunque ese dato no nos detiene.
Siguiendo el trabajo conjunto, hacia 2027 podremos mostrar a todas localidades de La Pampa con servicio 4G y ser la primera provincia con cobertura total de comunicaciones móviles en sus áreas urbanas.
Así, también en conectividad de calidad, seguiremos marcando rumbos en el contexto nacional.
A pesar del contexto de estrechez e incertidumbre económica, mantuvimos paritarias abiertas.
El porcentaje de aumento de los agentes públicos se ubicó por encima del crecimiento de nuestros recursos.
Logramos ubicar los salarios públicos por encima de la línea de pobreza, incrementando en 2024 el mínimo garantizado un 183 % y las asignaciones familiares entre un 245 y un 416 %.
La pauta de incremento general se ubicó en el 114 %, igualando el índice de inflación de nuestra Provincia, pero marcando una decisión única en el país.
Sin perjuicio de ello, en el marco de las paritarias, hemos comenzado un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario, acordando aumentos por encima del registro inflacionario.
Fiel a su valorización del Estado, el gobierno nacional se sacó de encima la responsabilidad de la obra pública.
La seguridad vial, el acceso a la vivienda, la infraestructura social, sanitaria, educativa y económica quedaron en manos del mercado.
Una propuesta solo basada en la teoría y el facilismo, pero que en la práctica resulta una entelequia.
Como era de esperar, el nivel real de inversión pública cayó estrepitosamente si analizamos series históricas.
En los últimos 20 años se ubicó en el 0,5 % del PBI. En 2024 cayó al 0,1 %.
Ocurrió en todo el territorio nacional, castigó a todas las provincias. La Pampa no es la más perjudicada.
No obstante, pudimos mantener un alto nivel de ejecución, producto de una decisión política de este Gobierno, pero también del acompañamiento solitario de nuestro bloque en esta legislatura.
Así, pudimos invertir a lo largo de 2024 la suma de 153 mil millones de pesos.
Habiendo ya culminado ese período de emergencia de la obra pública, ninguna de las excusas de quienes la rechazaron, ocurrió.
No hubo nuevas contrataciones, menos aún en forma directa, ni tampoco obras que no estuvieran contempladas en el texto de ley.
Sí, se sostuvo la actividad y el empleo que ella genera.
Sin dudas que la obra pública que más dignidad genera es la vinculada a la política habitacional.
Seguiremos construyendo viviendas a través de las distintas operatorias del Plan Mi Casa en cada localidad, en cada rincón de la Provincia.
Paralelamente nos hicimos cargo de la terminación de 803 viviendas del plan nacional Casa Propia.
Haber incrementado la cuota, ubicándola en valores cercanos a un alquiler y a la capacidad de pago de los adjudicatarios, nos permite contar con más recursos para propiciar el acceso al techo propio.
Pero también, termina con la creencia popular de que el Estado regala las viviendas.
No conformes con eso, en 2025 pondremos en marcha nuevas respuestas.
Llegaremos a otros segmentos de la sociedad, con soluciones acordes a demandas vinculadas a capacidad de pago superiores.
A través del IPAV, quienes ya tienen su terreno podrán acceder a un financiamiento, a valores actuales, de hasta 45 millones de pesos, a pagar en 10 años y la cuota equivaldrá al monto actual de un alquiler.
Inicialmente serán 700 créditos a distribuir en toda Provincia.
Además, desde el mes de mayo el Banco de La Pampa ofrecerá financiamiento para mejoras, ampliaciones y refacciones de viviendas. Serán montos de hasta 30 millones de pesos, a 5 años y sin garantía hipotecaria.
Mientras tanto, seguimos esperando que el Gobierno nacional nos permita terminar las 636 del plan PROCREAR, tal cual se lo propusimos en el mes de julio pasado. Hoy seguimos sin respuesta.
En diciembre de 2023, anunciaba aquí mismo la realización de un trabajo de consultoría vinculado a la infraestructura vial.
En este tiempo transcurrido, la nula inversión del Gobierno central en rutas nacionales y su consecuente deterioro, ha transformado aquella iniciativa en la necesidad de un abordaje urgente.
La inseguridad que da la red vial nacional crece día a día.
Ya hemos recibido ese informe final acerca del “Análisis de un sistema de gestión de la Red Vial Estratégica de la Provincia De La Pampa”, sobre la que circula más del 80 % del tránsito vehicular provincial.
Planifica tareas de puesta en valor y de mantenimiento como también inversiones necesarias en forma inmediata y a corto y largo plazo en una extensión de 1.300 kilómetros.
600 de esos corresponden a corredores nacionales, que muestran un estado muy preocupante.
Ante ello, en el mes de enero pasado hemos planteado al Gobierno nacional asumir la responsabilidad de su reparación y mantenimiento.
Como lo establece la Constitución Nacional con toda transferencia de competencias, servicios o funciones, solicitamos adicionalmente los recursos específicos.
Esos recursos hoy están. Los recauda el fisco nacional a través del impuesto a los combustibles, pero no los invierte en su totalidad en infraestructura vial.
Esperamos una respuesta pronta y favorable. La situación lo amerita.
Si así ocurre, estaremos aquí proponiéndoles generar una nueva política de estado vinculada a la gestión de la infraestructura vial.
Ya lo expresamos, los municipios y comisiones de fomento son nuestros socios territoriales en la respuesta a las demandas de la sociedad.
En el diálogo permanente con las y los intendentes y las y los presidentes de Comisiones de Fomento aparece un tema recurrente que amerita tomar decisiones. Es imprescindible invertir en su parque automotor.
Por ello, pondremos a disposición de las 80 jurisdicciones locales la suma de 12 mil millones de pesos, en calidad de aportes reintegrables y a tasa cero.
Las cuotas de devolución estarán sujetas a las variaciones, sean en más o en menos, de la coparticipación que reciben.
La distribución de estos 12 mil millones de pesos será equitativa. Estará vinculada tanto a la cantidad de habitantes como también a los kilómetros de caminos vecinales que mantienen en su jurisdicción.
El año pasado pusimos a su disposición, también con recursos provinciales, el sistema de jubilación anticipada.
Hoy sumamos una respuesta más. En las antípodas del modelo centralista nacional.
Surge entonces una pregunta. Si en La Pampa siguiéramos ese modelo, ¿qué harían los municipios si el Gobierno provincial se les queda con los recursos que les corresponde?
No se preocupen las y los intendentes, aquí no discriminamos por pensar distinto.
La trascendencia que le damos al diálogo quedó de manifiesto ante la primera convocatoria sin condicionalidades realizada por el Gobierno nacional.
Nos sumamos inmediatamente, buscando puntos de acuerdo y lograr el pago de esos 115 mil millones de pesos que nos deben.
Asimismo, ante cada convocatoria que han recibido, todas las áreas de Gobierno se han sumado. Aún, cuando no obtuvimos respuesta alguna a nuestras demandas.
De la misma manera, también en nuestra Provincia propiciamos el trabajo conjunto.
Al vínculo diario las administraciones municipales, se suma la inclusión de esta legislatura a participar en decisiones de gestión, un hecho inusual que marca nuestros valores democráticos.
Un ejemplo de ello, es el seguimiento de la distribución de los recursos coparticipables que corresponden a los municipios, tal cual el mandato de la ley de Coparticipación Provincial de impuestos.
Otra muestra fue, tal cual lo expresado aquí mismo hace exactamente un año, incluir a esta legislatura en la definición de los parámetros de licitación y adjudicación del área hidrocarburífera “El Medanito”.
Su concreción resulta imprescindible para garantizar un escenario de fortaleza y certezas a las finanzas provinciales y municipales, pero principalmente a la economía provincial y a la sustentabilidad laboral del sector.
A partir de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, un director del Banco de La Pampa será seleccionado por el bloque opositor mayoritario.
Además, en La Pampa la oposición legislativa participa en los directorios de todas las empresas del Estado. Y todas ellas son controladas por el Tribunal de Cuentas, principal órgano de contralor provincial y con una enorme reputación nacional.
Mientras tanto, cada vez que fueron requeridos por esta legislatura, los miembros del Poder Ejecutivo Provincial estuvieron aquí dando información y evacuando dudas.
No es sorpresa entonces que La Pampa, a decir de actores foráneos, puede mostrar orgullosa un estándar institucional superior a otras jurisdicciones.
El año pasado, en un encuentro federal de órganos de control provincial, su máxima autoridad expuso que “en La Pampa se respira institucionalidad”.
En esa línea de análisis, resulta imperativo abordar la situación institucional de nuestro país.
El ajuste promovido por el Gobierno nacional no sólo es económico. También se ajustan derechos sociales y principios democráticos.
Alarma el evidente vaciamiento y desvalorización de los procedimientos democráticos y de las instituciones del Estado. Tanto para dictar un DNU como para nombrar jueces supremos.
En paralelo, los poderes Legislativo y Judicial han abandonado su rol constitucional.
No sólo se ha desvirtuado la división de poderes, sino que concentra las decisiones en uno sólo. No sólo se propicia la instalación del pensamiento único, sino que se pone en duda los beneficios de la democracia.
Con sorpresa, vemos dirigentes que se sienten cómodos.
Los que la implementan, los que la acompañan, los que la festejan y los que callan ante conductas rayanas con la ilegalidad.
En esa línea de conducta, hoy es moneda corriente que se agravie e insulte al que piensa distinto y se avale la discriminación, la imposición, el odio y la violencia.
Debemos terminar con ello. Nuestro país creció desde la diversidad. Jamás debemos excluir.
Menos aún debemos permitir que ese escenario se instale en La Pampa.
Desde mi lugar seguiré apostando al diálogo para alcanzar consensos y garantizar calidad institucional y bienestar colectivo.
En ese entendimiento, debemos tener una agenda propia, sin contaminación foránea.
Como identidad permanente, como cultura y frente a esa pretendida imposición avasallante e irrespetuosa, con la que buscan infectarnos desde Buenos Aires.
Una agenda que nos permita potenciar nuestro sentido de pertenencia y sostener la pampeanidad.
Por último, un mensaje a la sociedad pampeana. Cada habitante debe saber que, a pesar de los obstáculos y dificultades, seguiremos firmes amparando cada derecho conquistado.
Tengan la seguridad que aquí no vamos a echar gente por deporte, no vamos a desamparar a los jubilados, no vamos a abandonar al que tiene problemas.
Y lo haremos sosteniendo la producción, el trabajo, la educación y la salud como principales banderas de gestión y de desarrollo humano.
Como siempre nuestras herramientas, seguirán siendo la solidaridad, el respeto, el diálogo y la racionalidad.
Seguiremos dando respuestas. Y yo seré la garantía que no nos pondrán de rodillas.
La defensa de La Pampa, de sus derechos y de su pueblo, seguirá siendo nuestro norte, pero más que nunca nuestro espacio de resistencia.
Sin más, dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias del año 2025 de esta Cámara de Diputados.
