El senador Daniel Bensusán manifestó que “la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad no debe ser vetada, su cumplimiento es fundamental para que las personas con discapacidad tengan garantizado el acceso a derechos y servicios fundamentales como alimentos, educación, medicamentos y tratamientos para mejorar su calidad de vida”.
“Con esta legislación, el Congreso de la Nación le brindó herramientas al gobierno nacional para que actúe y garantice estos derechos. Si el presidente Javier Milei la veta, traería serios problemas para el acceso a servicios imprescindibles para quienes tienen alguna problemática”, agregó.
Bensusán mantuvo un encuentro con el director de Discapacidad de la provincia, Iván Poggio, donde abordaron detalles de la legislación y su incidencia en La Pampa.
“En la provincia hay 12 mil personas con discapacidad que dependen, en mayor o menor medida, de la presencia del estado para asegurar su bienestar. Entre ellas, muchas que no pueden trabajar, que tienen como único ingreso económico y garantía de tratamientos médicos a este tipo de asistencia”, detalló.
“Actualmente hay demoras del gobierno nacional en altas de beneficios y también se están registrando retrasos en las autorizaciones de algunas obras sociales para las prácticas que deben realizarse estas personas. Obviamente que del peso de estas carencias se hace cargo la salud pública provincial y en los organismos del gobierno pampeano que atienden estas necesidades”.
Auditorías
“Otro tema preocupante es la auditoría a personas con incapacidad laboral que se está llevando a cabo en todo el país, pero de una manera que parece más un filtro, para dejar personas sin el beneficio, que un control”, dijo más adelante.
“Se están manifestando quejas desde todo el territorio nacional de la forma en que se está llevando adelante esta auditoría. Uno de los principales problemas es que la citación, que se hace por carta, llega a domicilios incorrectos o desactualizados. Si las personas no se presentan, aparentemente perderían el beneficio”.
A modo de ejemplo, citó el caso de las personas citadas de las localidades de Trenel y Arata, “esta semana debían presentarse en un hotel de General Pico. Los municipios instrumentaron el transporte, llegaron a horario, y un empleado administrativo del hotel les avisó que los auditores se habían quedado sin sistema y volvían en 60 días”.
“Afortunadamente en La Pampa, el gobierno provincial, a través de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud, junto a los municipios están llevando adelante estrategias que permiten acercar a las personas que deben ser auditadas a sus lugares de control”, expresó
También cuestionó el gasto que se realizó, desde el gobierno nacional, para esta auditoría: “salieron de las arcas nacionales 13 mil millones de pesos, para el envío de 810 mil cartas. Si se tiene en cuenta que no todas llegaron a destino y que hay una logística que denota falta de eficiencia, alguien debería dar una explicación sobre el tema”
“Los argentinos merecemos que, a casi dos años de gestión, el gobierno nacional deje de hacer pagar el costo de la economía nacional a personas con discapacidad, jubilados, universidades nacionales, trabajadores, pymes y a la producción argentina en general. Los números deben cerrar con toda la población viviendo bien y gozando de derechos”, concluyó.
