La difusión de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) generó una controversia política tras la identificación de funcionarios nacionales y legisladores de La Libertad Avanza como tomadores de créditos hipotecarios de la banca pública. Según el relevamiento de la plataforma “¿Cuánto Deben?”, el conjunto de estos préstamos supera los 2.500 millones de pesos, con deudas individuales que alcanzan los 373 millones de pesos.
Entre los nombres que figuran en los registros se encuentran Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital. También se registran deudas a nombre de los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde. A esta nómina se sumó el caso de Federico Sharif Menem, sobrino de 24 años de Martín y «Lule» Menem, quien obtuvo un crédito de 357 millones de pesos pese a registrar su primer empleo en blanco durante el año 2024.
Ante esta situación, el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle si se otorgaron excepciones a los límites de crédito para personas políticamente expuestas. El legislador busca confirmar si los préstamos contaron con dictámenes técnicos favorables de las áreas de riesgo o si mediaron resoluciones excepcionales. “El Banco público es de todos, y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados”, manifestó Paulón respecto a la iniciativa.
Por su parte, los involucrados rechazaron las acusaciones de discrecionalidad y aseguraron que las operaciones se realizaron bajo las normativas vigentes. El diputado Alejandro Bongiovanni aclaró que la deuda fue tomada en condiciones generales de mercado para quienes perciben haberes en la entidad. “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos diferentes o preferenciales a las generales. Fueron las condiciones de ese momento para todos”, sostuvo el legislador a través de sus redes sociales.
Desde el Banco Nación emitieron un comunicado institucional donde remarcaron que el proceso de otorgamiento es homogéneo y carece de excepciones manuales debido a la digitalización del sistema. La entidad destacó que posee líneas específicas, como “+Hogares sector público”, que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble para empleados estatales, siempre sujeto al cumplimiento del scoring crediticio correspondiente.
