La situación en el PAMI suma un nuevo capítulo de tensión luego de que los médicos de cabecera del organismo iniciaran un paro de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos.
La medida de fuerza fue impulsada por profesionales que prestan servicios en todo el país y afecta la atención habitual de miles de afiliados, en medio de crecientes reclamos por las condiciones laborales dentro del sistema.
Crece el conflicto en el PAMI
La crisis en el PAMI se profundiza tras la publicación de una nueva normativa que desató el rechazo de los médicos de cabecera. Se trata de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el pasado 9 de abril, que según los profesionales implica un fuerte ajuste en sus ingresos.
De acuerdo al gremio que los representa, la medida fue presentada por el organismo como un “ordenamiento” del sistema, pero en la práctica modifica las condiciones de trabajo y reduce de manera significativa la remuneración real.
Uno de los puntos más cuestionados es el aumento de la cápita, que pasa a $2.100 por afiliado. Sin embargo, los médicos aseguran que se trata de una mejora “engañosa”, ya que viene acompañada de la eliminación de ingresos clave.
“No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, sostienen desde la entidad, al detallar los cambios introducidos por la resolución.
Entre los principales reclamos, los profesionales enumeran la eliminación del pago por consulta presencial —que hasta ahora permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales—, la absorción de múltiples prestaciones dentro de un monto fijo y la quita de incentivos económicos vinculados a la formación y capacitación continua.
“Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”, advierten. En ese sentido, explican que el nuevo esquema establece un pago fijo de $2.100 por afiliado que debe cubrir toda la atención médica, incluyendo consultas, seguimiento y prácticas, lo que consideran insuficiente.
Desde el sector aseguran que el impacto es directo: “más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico”, una combinación que califican como “inviable” para sostener consultorios privados, que deben afrontar gastos como alquileres, insumos y servicios.
La resolución también introduce cambios administrativos. En su articulado, el organismo dispone la modificación del nomenclador común y la aprobación de un nomenclador unificado para médicos de cabecera, con el argumento de “evitar la dispersión normativa”.
Además, deja sin efecto el artículo que contemplaba incentivos económicos para la formación de posgrado de los profesionales, al considerar que esos objetivos ya fueron cumplidos.
Esta decisión generó un fuerte rechazo entre los médicos, que cuestionan la contradicción: “Se exige más formación, pero se deja de reconocerla”, remarcan.
El conflicto escala en un contexto de creciente tensión en el sistema de salud del PAMI, con medidas de fuerza en curso y un reclamo que amenaza con profundizarse si no hay respuestas oficiales.
