El programa nacional Remediar inició un proceso de desfinanciamiento que culminará con su eliminación casi total. Según se informó en el último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), la cobertura de 79 fármacos actuales se reducirá a 30 en mayo, 16 en junio y apenas tres medicamentos destinados a patologías cardiovasculares a partir de septiembre. De esta manera, quedará suspendida la provisión de antibióticos, analgésicos, psicotrópicos y tratamientos ginecológicos, entre otros insumos.
Ante este escenario, el subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, ratificó que el Estado provincial garantizará la provisión de los insumos que Nación decidió retirar. «En La Pampa, el Estado provincial reafirma su soberanía sanitaria. La gestión provincial siempre garantizó los medicamentos a los sectores más vulnerables del sistema y lo seguirá haciendo», señaló el funcionario a la Agencia Provincial de Noticias.
Vera explicó que la provincia se ve obligada a absorber el porcentaje que antes enviaba Nación debido a una decisión que «denota el desconocimiento y la insensibilidad que caracteriza a la actual gestión nacional en materia de salud». Asimismo, sentenció: «El gobernador Sergio Ziliotto entiende que la salud es una prioridad real y no podemos permitir que los pampeanos paguen el costo de estas malas decisiones nacionales».
Desfinanciamiento y consecuencias en el sistema
El director general de Licitaciones y Gestión, Guillermo Rodríguez Sotto, detalló que la inversión nacional en el programa cayó de un promedio de 5.800 millones de pesos en 2023 a 3.200 millones en el ciclo 2025. Esta contracción implica la eliminación del 96% del vademécum histórico para septiembre, con una proyección de discontinuidad definitiva para septiembre de 2026.
Rodríguez Sotto advirtió que esta medida responde a una «insensibilidad social extrema» y que la falta de resolución en los centros de atención primaria «se transformará inevitablemente en urgencias hospitalarias, sobrecargando de forma crítica el Sistema Público de Salud». Al respecto, aclaró que en La Pampa la salud es un derecho y no un costo, por lo que la intervención estatal evitará que pacientes con enfermedades crónicas o de salud mental «queden presos de los precios de mercado, viéndose empujados a abandonar sus terapias».
Finalmente, el director concluyó que el recorte genera una asfixia financiera intencionada sobre las provincias y profundiza la desigualdad regional: «Donde hay menos recursos, habrá más enfermedad. La salud es un derecho que debe ser garantizado a todos los ciudadanos y no una variable de ajuste».
