Representantes de 15 provincias argentinas, entre ellas La Pampa, se reunieron para fijar una firme postura negativa frente al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental promovido por el Gobierno nacional.
Ante la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de reformar la Ley de Salud Mental con el objetivo de quitarle la obligatoriedad de inversión al Estado nacional, representantes de 15 provincias expresaron su repudio a ese proyecto. Entre los firmantes del documento se encuentra el subsecretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de La Pampa, Martín Malgá. Las autoridades de Salud Mental y Consumos Problemáticos y los Órganos de Revisión de las provincias que firmaron el documento reafirmaron su “vocación de trabajo conjunto y federal para hacer frente a la grave crisis de salud mental que enfrentan nuestras comunidades”.
El comunicado expresa lo siguiente:
“Ratificamos nuestra vocación de seguir trabajando en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su proceso de implementación. Estamos convencidos que dicho marco resulta adecuado, ajustado a las normas y modelos que han alcanzado consenso y evidencia por su eficacia a nivel internacional (OMS, OPS y diferentes tratados).
Vemos que dicho marco normativo permite que cada jurisdicción desarrolle políticas, programas y dispositivos acorde a sus particularidades locales, tanto en modalidad ambulatoria, como en la atención de urgencias e internaciones (voluntarias e involuntarias), así como políticas de prevención. Considerando el momento actual que estamos atravesando, marcado por un aumento sostenido de las demandas en los distintos niveles de atención y resolución, la creciente complejidad de las mismas por factores sociales, así como las enormes exigencias y tensiones que atraviesan los sistemas públicos en lo que constituye un incremento sostenido de padecimientos y necesidades de atención, incluso de otros subsectores de la salud. Que es el subsector público el que ofrece la mayor parte de la respuesta a esta situación crítica y que la Ley Nacional de Salud Mental no representa ninguna dificultad para dar plena respuesta, sino que los desafíos se encuentran en la necesidad creciente del aumento de las inversiones y mejoras en los estándares de calidad en los procesos de atención».
Garantizar la continuidad de la formación específica
El comunicado de las 15 provincias continúa así: «Por ello, observamos que ante las necesidades de nuestras poblaciones la mejor estrategia para dar respuesta es continuar transformando el modelo de atención en salud mental, lo que implica garantizar la continuidad de la formación específica de recursos humanos, insumo indispensable y prioritario para la atención y continuidad de cuidados en SM.
La inversión en salud destinada al recurso humano, a mejorar y fortalecer infraestructura sanitaria ampliando nuevos espacios y adecuando otros, políticas de medicamentos, y otras necesidades que permitan ampliar la red de dispositivos, para lo cual el aporte del Estado nacional resulta fundamental. Generar espacios de discusión abierta y participativa entre las jurisdicciones para trabajar problemas comunes así como también estrategias colaborativas.
En este punto volvemos a insistir en la necesidad de reanudar el funcionamiento del COFESAMA como ámbito privilegiado para el desarrollo de esos objetivos. Es desde esta posición que las provincias en tanto responsables y gestores cotidianos de las realidades de nuestra población, debemos ser parte vinculante de cualquier discusión en torno a las normas y políticas sobre salud mental en un país federal».
