El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió procesar al ex titular de la AFIP en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, y a los empresarios, Cristóbal López y Fabián De Souza, por defraudación y administración fraudulenta a raíz de una multimillonaria evasión impositiva de la empresa Oil Combustibles, que permitió financiar a otras firmas del grupo Indalo, perteneciente a los dos últimos.
Sobre Echegaray, Pollicita sostuvo en el dictamen, entregado al juez federal Julián Ercolini y al que accedió Télam, que el ex funcionario otorgó «en forma directa y personal» y «sin hacer ningún tipo de control» un plan de pagos por «una suma sideral de dinero ($980.668.085,44)» pese a que «su función primordial era propender a la recaudación de tributos».
El entonces funcionario sabía «que la firma no sólo era una de las mayores deudoras del organismo, sino que –además– con el dinero que percibía, de los consumidores finales que cargaban combustible, se encontraba fondeando, de forma constante, a otras empresas del grupo a través de mutuos e invirtiendo en nuevos activos, y todo en detrimento de las arcas públicas», advirtió el fiscal.
El dinero «se utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo», remarcó la fiscalía.
«Desde su puesta en marcha y durante casi dos años, Oil Combustibles no pagó el ICL (Impuesto a los Combustibles líquidos) por más de 2.000 millones de pesos y utilizó al ente recaudador como organismo de financiación, para con los fondos que debía ingresar, fondear a otras empresas del grupo», afirmó el fiscal.
Y remarcó que «se encuentra acreditado que los funcionarios del fisco permitieron en forma deliberada que el accionar sistemático por parte de la petrolera se prolongara en el tiempo, omitiendo todo tipo de control y el correspondiente reclamo de la deuda exigible del plan caduco que eran materia de su competencia».
La causa que investiga a la empresa petrolera de López y De Souza es conexa, es decir, relacionada pero se lleva de manera separada, a la que tiene a cargo el fiscal por una supuesta asociación ilícita formada desde el gobierno del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
«Se investiga la operatoria criminal vinculada a la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita encabezada por el ex presidente Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y conformada por funcionarios de alto rango del gobierno nacional, y un reducido número de empresarios amigos, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Souza, destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos y el posible retorno de ese dinero a la ex familia presidencial», recordó el fiscal en el dictamen.
Y ello se habría cometido «a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado».
Para el fiscal, en el caso de las maniobras con Oil Combustibles, López y De Souza deben ser procesados como partícipes necesarios de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y embargados por «$ 8.926.740.758,91 -monto de la deuda actualizado al mes de abril del corriente año- » más intereses.
En el caso de Echegaray y otros ex funcionarios de la AFIP acusados, como Angel Tonineli y Guillermo MIchel, se pidió a Ercolini procesarlos como «coautores» de esos delitos y fijarles el embargo que el juez estime que corresponda.
Para el fiscal, «la puesta en funcionamiento de la ingeniería societaria por parte de los empresarios López y De Sousa fue sólo el puntapié inicial de una compleja maniobra que involucró a los nombrados y a importantes ex funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante AFIP), que culminó con un perjuicio millonario para las arcas del Estado Nacional».
«El fiscal recordó que la empresa comenzó a operar en mayo de 2011 y desde entonces omitió el pago» del impuesto que se cobraba a quienes cargaban combustible y que la empresa debía girar a la AFIP.
Y aludió a una maniobra «edificada sobre tres grandes ejes que incluyeron, como primer paso, la inmersión en el negocio petrolero con la creación y puesta en funcionamiento de la firma Oil Combustibles».
Luego se cometió «la omisión de pago de los montos declarados y percibidos por dicha firma en concepto de ICL y el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago generales y particulares; y en último término, como resultado de lo anterior, el perjuicio millonario ocasionado al Estado Nacional por la falta de ingreso del tributo en cuestión».
