El gobierno de Mauricio Macri comenzó ayer a jugar fuerte y a mostrar los dientes a los gobernadores opositores más duros que apoyaron la polémica reforma en el impuesto a las ganancias que sancionó la oposición peronista unificada en la Cámara de Diputados. Les informó que esa ley tendría un impacto fiscal adicional para las provincias de $ 7000 millones y dejó trascender que la Nación cubriría un bache idéntico con fondos hoy previstos para obras y servicios provinciales.
Por otra parte, los gobernadores recibieron el asedio de los senadores del Frente para la Victoria (FPV), que dejaron trascender que sancionarán la ley opositora. No quieren pagar el costo de frenarla. Y les enviaron el mensaje de que en caso de que exista un impacto fiscal en las provincias, deben ser los gobernadores del PJ los que lo digan públicamente en el plenario de comisiones del Senado el martes próximo. Sólo así revisarían su decisión.
En ese plenario se espera la presencia del director de la AFIP, Alberto Abad, y de los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y del Interior, Rogelio Frigerio. El Gobierno confía en modificar el dictamen en el Senado para que deba volver a Diputados y dilatar la discusión.
En medio de ello, el presidente Macri salió a poner presión a los gobernadores que, a juicio de la Casa Rosada, quieren «llevarse puesto al Gobierno» y presionar al Tesoro nacional para derrotar a Cambiemos y desgastarlo con miras a las elecciones de 2017.
En declaraciones a Radio Mitre, el Presidente ayer criticó con dureza al diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, y condenó que «haya querido engañar a los gobernadores con la creación de impuestos, porque la mitad la pagan las provincias». En ese sentido, adelantó: «Las próximas semanas va a haber novedades, hay mucho debate entre los gobernadores y espero que el Senado muestre que tiene un compromiso con la gobernabilidad».
También de ese modo puso presión a los senadores. Confía en que en la Cámara alta «no va a fracasar la discusión», por lo cual estimó que no va a tener que llegar a una instancia de veto. Sin embargo, si el proyecto se sanciona con fuerza de ley, el Gobierno evalúa vetarlo.
Para sumar presión, el ministerio de Frigerio hizo cuentas finas y dio a conocer un cuadro con una potencial pérdida fiscal neta para las provincias de $ 7000 millones y otro tanto para el Tesoro nacional.
Según esos números, el dictamen votado en Diputados tendrá un impacto fiscal de $ 65.557 millones. El presupuesto 2017 preveía una partida de 27.000 millones para financiar la reforma de Ganancias, acordado con las provincias. Por lo tanto, la pérdida neta sería de 38.557 millones, de los cuales las provincias absorberían casi 20.000 millones y la Nación, casi 19.000 millones.
Según los cálculos más optimistas, los nuevos impuestos creados en Diputados recaudarían unos $ 25.000 millones, que se distribuirían por mitades, $ 12.000 millones para la Nación y unos $ 13.000 millones para las provincias. Es así como la pérdida neta sería de $ 7000 millones para la Nación y lo mismo para los estados federales (el monto de $20.000 millones del gráfico no incluye lo que ya está presupuestado). Según se pudo saber de fuentes de la Casa Rosada, si se aprueba la ley, la Nación cubrirá ese bache con fondos previstos en obras y servicios acordados con provincias díscolas.
«Si sale el proyecto, nosotros la plata que nos falte la tenemos que sacar de otro lado. Por ejemplo, la ruta 9 que pasa por Tucumán, si no tenemos la plata, tendremos que demorarla para cubrir algún gasto más urgente», sugirió un funcionario. La misma lógica se aplica a los piqueteros del Movimiento Evita.
