El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Bensusan, consideró que “es necesaria la modernización de la legislación provincial respecto al procedimiento, si bien creemos que es necesaria la modificación, el Gobierno está totalmente en desacuerdo con la baja de la imputabilidad de menores. Esto ya lo ha dicho el gobernador Verna en la inauguración de sesiones de la Legislatura pampeana”, confirmó.
Agregó que en La Pampa, a partir de esta Comisión se dará inicio a la elaboración del anteproyecto que incorporará aportes de diversos organismos como el Colegio de Psicólogos, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, Poder Judicial, Colegio de Abogados, de Asistentes Sociales, Asociaciones Civiles vinculadas a la temática de niñez y de la Defensoría de niños/as y adolescentes de La Pampa “y serán nuestros legisladores nacionales los encargados de presentar este proyecto y sea debatido en la esfera nacional”, explicó el ministro.
De este modo, el ministro coincide con la necesidad del tratamiento en el ámbito del Congreso de la Nación, de la modificación de la Ley Nacional N° 22279 sobre Responsabilidad Penal de la Minoridad.
Esta normativa requiere, por lo que establece nuestra Constitución Nacional y los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ser actualizada y armonizada con los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, los principios constitucionales, las normas de derecho penal y la legislación de niñez y adolescencia, vigentes dentro del territorio de nuestro país.
Bensusán planteó que de acuerdo a lo informado por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, el debate se centrará en ocho ejes: Abordaje temprano; Medidas alternativas a la privación de la libertad; Delitos y sanciones acordes a la Convención de los Derechos del niño; Condiciones de detención que fomenten la reinserción; Sistema de articulación permanente intersectorial; Programa Preventivo no Judicial; Sistema de Información; y la edad de imputabilidad.
“Debemos generar mediante el consenso con todos los sectores y todas las provincias, una ley de responsabilidad penal juvenil. Una nueva legislación debe tener consenso político y de la Unicef, que es la agencia de la ONU para la infancia” sostuvo.
Bensusán consideró “imprescindible para las provincias y los ámbitos judiciales provinciales, contar con una legislación moderna para el abordaje de la cuestión penal juvenil, regulando específicamente las intervenciones de los actores judiciales como estatales, a los fines de garantizar derechos para todos los habitantes de la provincia, logrando la reinserción social del joven, evitando la reincidencia, y logrando una respuesta concreta a esta problemática. El abordaje debe ser preventivo e integral”.
“Lo importante es que se discuta un nuevo régimen penal juvenil. Trabajar sobre el tratamiento, el abordaje temprano, fijar reglas claras, que hoy no existen en materia de minoridad», afirmó.
Sostuvo que “es fundamental convocar a las provincias a la discusión del nuevo régimen para que sea realmente federal, porque será una ley que deberán aplicar las provincias.
La Pampa realizará aportes que se encuentra elaborando a través de diferentes organismos que abordan la temática en la Provincia, para que sean considerados en el ámbito parlamentario nacional, a través de sus legisladores nacionales. “Esta normativa Penal Juvenil, permitirá a nuestra Provincia avanzar en la elaboración de una legislación de procedimiento penal juvenil, adecuando las estructuras judiciales y estatales, a los fines de cumplimentar las exigencias de las Convenciones Internacionales en esta materia, logrando dar respuesta a la problemática, con un marco legal moderno”,
Como cierre, el ministro de Gobierno y Justicia dejó claro que la existencia de un nuevo marco legal exige el análisis de nuevas alternativas para los jóvenes que se encuentren involucrados en procesos penales “lo que implica la necesidad de establecer dispositivos y mecanismos legales que constituyan un sistema penal juvenil moderno. Para ello, el gobernador Verna firmó el Decreto N° 295/17, a través del cual se crea una comisión para el estudio y elaboración de un proyecto de ley de procedimiento Penal Juvenil de la provincia de La Pampa, integrada por los titulares de los Ministerio de Desarrollo Social y de Gobierno y Justicia, y la Secretaría de Derechos Humanos. Además, se invita a integrar dicha comisión a todos los actores judiciales y sociales vinculados con la temática”, finalizó Bensusán.
Ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso
La ministra explicó que desde Nación el enfoque tiene que ver con la cantidad de delitos cometidos por menores, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. En ese sentido, La Pampa no cuenta con un alto índice de participación de menores en delitos “en el IPESA había hasta hace poco 3 menores. En la actualidad hay uno. Creo que el Gobierno nacional debe escuchar a las provincias, porque se trata de una Ley Federal y cada provincia tiene su particularidad”, manifestó.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se participó en sendas reuniones de carácter nacional como el Consejo Nacional de Niñez y la SENAF, que tiene a cargo delinear las políticas públicas en materia de infancia y en reiteradas oportunidades este tema fue tratado. “Hemos avanzado en acuerdos. A nuestro criterio estos acuerdos ya no se discuten. Las 24 provincias hemos firmado un acta acuerdo donde la baja de la edad de imputabilidad no se discute. Es una discusión zanjada. Nosotros partimos de esos pilares ya discutidos. En esos ámbitos también se empezó con la elaboración de un borrador de proyecto de Ley nacional desde esta perspectiva, que cuenta con la participación de las 24 provincias. Esto también se elevará al Congreso”, informó Fernanda Alonso.
Agregó que los cambios a los que el Gobierno de La Pampa apunta, tienen que ver con la adecuación del Fuero “que haya un espacio específico para la atención de los chicos en conflicto con la Ley Penal, donde el fiscal tiene que estar especialmente formado en esta temática. También la adecuación de la figura del asesor de Menores y el Juzgado de Familia. Esto no tiene que ver solo con el cambio de denominación, sino con la perspectiva. Hoy estas figuras existen, pero son llevadas adelante por otras figuras no especializadas. En la actualidad el Juzgado de Familia atiende todo, civil y penal. Creemos, y lo dice la Ley, que tiene que existir un tratamiento especial adecuado a la edad en que se encuentra el adolescente que está en conflicto con la ley penal”, se explayó la ministra.
Secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello.
Antonio Curciarello dejó claro que en la reunión se contará con la participación de los organismos de Derechos Humanos “porque el Decreto prevé la participación de las organizaciones vinculadas con el tema. De hecho, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos participa del Consejo Provincial de Niñez, que cuenta con una gran impulso con esta gestión de Gobierno”, precisó.
