Cristina Kirchner sumó este martes dos nuevos procesamientos con pedido de prisión preventiva. Los decidió el juez Claudio Bonadio, ahora por los subsidios millonarios para empresarios de colectivos y trenes. Son dos expedientes vinculados y derivados de la causa de los cuadernos de las coimas. Ambas acarrean embargos cercanos a los 1.000 millones de pesos y la acusación es por los delitos de «asociación ilícita (ampliación), cohecho y administración fraudulenta».
Además, quedaron procesados Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi a quienes se les mantuvo la prisión preventiva, entre otros ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal y un extenso listado de empresarios vinculados a los servicios de transporte tanto de colectivos como del sistema ferroviario.
La ex Presidenta sumó dos nuevas acusaciones vinculadas a la causa principal, donde ya se encuentra procesada -y confirmada por la Cámara Federal porteña-, por ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que cobraba coimas a los empresarios contratistas del Estado.
El juez Bonadio determinó que tanto los subsidios al servicio de transporte de colectivos como los correspondientes al sistema ferroviario, son parte de una «maniobra delictiva» que se estructuró desde el extinto Ministerio de Planificación Federal.
Esta asociación ilícita -indicó el magistrado- «desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015 y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes».
En la causa que investigó los subsidios al transporte de colectivo, ya se encontraban procesados los ex funcionarios vinculados al transporte, como también empresarios del sector. Pero el juez Bonadio decidió realizar nuevas indagatorias para profundizar en los millonarios fondos que otorgó en su momento el ministerio de Planificación Federal en dicho rubro.
Entre los empresarios que quedaron también involucrados en esta causa, se encuentran Aldo Roggio, Sergio Taselli, Sergio Cirigliano, Gabriel Romero y más de 38 empresarios. La sospecha es que las concesiones para las líneas ferroviarias como los contratos con el transporte con colectivos se fijaron bajo constantes porcentajes de sobornos.
Al momento de resolver el año pasado en este expediente el juez Bonadio calculó que hubo colectivos que cobraron gas oil de más como para hacer 387 viajes desde Buenos Aires a Moscú, empresas que recibieron los subsidios pese a estar cerradas durante 19 meses y combustible subsidiado que se vendía al público. Como responsable de estas irregularidades procesó a De Vido por fraude al Estado de más de 609 millones de pesos cometido entre el 2003 y el 2014.
Las mismas acusaciones recayeron sobre Cristina Kirchner en la investigación de los presuntos pagos ilegales efectuados por distintos empresarios ferroviarios, con el fin de mantener sus concesiones y obtener subsidios estatales.
El juez Bonadio determinó que en el área de transportes, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2003 y el 31 de mayo de 2012, «los cobros eran recaudados por Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; ambos dependientes del Ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido. En esta área, las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional”.
