Se celebró la última reunión plenaria anual del Consejo Provincial Aborigen, con la participación de los representantes de los Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial y de tres comunidades aborígenes.
La presidenta del Consejo y ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, contó que se realizó un análisis del trabajo realizado en cada una de las comisiones, además de programar el trabajo para el 2018.
Mencionó las actividades que se realizaron durante el año, como la participación en la Feria del Libro de las comunidades, por primera vez. También el acompañamiento desde el Consejo de las diferentes iniciativas en lo que respecta a lo productivo, cultural, entre otras cosas.
“Tuvimos la recepción de los cráneos correspondientes a dos caciques muy importantes del pueblo Ranquel, uno de ellos ya fue re enterrado en Colonia Chapalcó. Aún queda definir la fecha para hacer el re enterratorio de otro cacique, en el Parque Nacional Lihuel Calel”.
Se está avanzando, en el marco normativo, en proyectos de leyes, “en la que se genera la posibilidad de registrar como título comunitario las tierras que adquieren como comunidades; la posibilidad que estemos avanzando en otorgarles las tierras para pasarles a la comunidad Epumer, de Colonia Emilio Mitre. Aún falta que aquellas personas expropiadas por el Gobierno de La Pampa acepten la paga que está depositada en una de las cuentas judiciales”.
Manifestó que se retomaron los dos convenios que hay con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). “Estos nos dan la posibilidad de hacer un relevamiento conjunto de las comunidades. Estamos solicitando fondos para regularizar la cuestión de las tierras de Teófila Videla, porque es algo pendiente. Está amparada por la prórroga de la Ley 26.160, que también es un logro de gestión de este Consejo, ley que prohíbe los desalojos de los pueblos originarios. La intención nuestra fue pedirle a Nación el mismo acompañamiento que tuvo Epumer, con un aporte económico, también se hizo un aporte provincial, lo que hizo mucho más fácil la gestión y la decisión política”.
Destacó como lo más importante del año el fallo de la Corte Suprema por el río Atuel, “considero de mucha importancia la participación de los pueblos originarios en las políticas públicas provinciales, en cuanto al reclamo del regreso del cauce a la provincia de La Pampa. Esto fue clave, no solo en participación y en darle el lugar que debieron tener desde un inicio en este reclamo sino también como parte de los fundamentos del fallo de la Corte; desde lo simbólico y no tan simbólico, porque se terminó materializando en el fallo que le da la razón a La Pampa”.
Pedro Coria y María Inés Canhué, representantes de la comunidad Ranquel, indicaron que luego de años de lucha por las aguas del Atuel, “sabíamos que era importante la participación de los pueblos indígenas. Creemos que tiene mucho que ver el fallo de la Corte con la presentación que hicimos como Consejo de Lonkos. Estamos contentos y expectantes a ver qué pasará en estos días. Creo que es necesaria una reparación, y Mendoza tiene que cumplir”, afirmó Coria.
Canhué recordó que su padre había hecho la presentación sobre cómo afectó el corte del Atuel al pueblo Ranquel de manera determinante, “como coletazo final a nuestra cultura y a nuestra forma de organización”.
“Teníamos mucha esperanza en que la Corte dictaminara en base a los derechos nacionales e internacionales en los cuales se basaba nuestra presentación. Creo que no hay ninguna corte en el mundo que pueda desconocer tratados internacionales ratificados por el Estado argentino”.
Finalmente manifestó: “hay muchos intereses en juego. Si bien el derecho nos avala, muchas veces no se cumple en el país. Por suerte esto nos demuestra la mirada con la que se está tratando el tema, abarca toda la legislación y abarca la parte humana y social”.
