Tras el reciente fallo del Juzgado Federal de Santa Rosa que desestimó suspender de manera urgente la reforma de la Ley de Glaciares, la Provincia de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos presentaron un recurso de apelación. El objetivo primordial de esta nueva instancia es que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revise la decisión y dicte una medida cautelar que mantenga vigente el sistema de protección anterior previsto en la Ley 26.639 hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La apelación se fundamenta en lo que los actores consideran un error sustancial del juez Juan José Baric al analizar el caso bajo una óptica procesal tradicional en lugar de una estrictamente ambiental. Los recurrentes sostienen que el magistrado ignoró principios rectores como el precautorio, el de prevención y el de no regresión, los cuales obligan a las autoridades a intervenir ante el riesgo de degradación. Según el escrito, la sentencia exige erróneamente la acreditación de un perjuicio consumado e inmediato, lo cual contradice la naturaleza de la materia en debate, donde se debe actuar ante la mera potencialidad de un daño que, una vez generado, difícilmente pueda remediarse.
En cuanto al peligro en la demora, la Provincia argumenta que el riesgo no reside solo en un daño físico actual, sino en la habilitación de decisiones y autorizaciones administrativas bajo estándares de protección debilitados que podrían consolidarse antes de una sentencia definitiva. Por otro lado, respecto a la verosimilitud del derecho, se cuestiona que el juez no viera una probabilidad jurídica de inconstitucionalidad, ya que la demanda afirma que el contraste entre ambos regímenes es claro al reducir el objeto protegido, restar centralidad al Inventario Nacional de Glaciares y delegar decisiones técnicas nacionales en autoridades locales.
Finalmente, el recurso reafirma la posición institucional de actuar con todos los instrumentos legales disponibles cuando están en juego recursos estratégicos como el agua. Los apelantes enfatizan que no se trata de una discrepancia política, sino de un retroceso verificable en el estándar mínimo de protección que la Constitución Nacional exige para todo el territorio. Con esta presentación, se busca que la Cámara de Bahía Blanca disponga una protección urgente mientras se tramita el proceso judicial principal que definirá la validez de la reforma.
